En el caso de los 800 ítems fantasmas “no habrá pacto de impunidad”, informó este domingo, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, quien subrayó que presuntamente se impulsará una investigación estratégica con participación de toda la estructura del Estado.
Lima detalló que la Viceministra de Transparencia Susana Ríos ya se apersonó a la causa abierta en la ciudad de Santa Cruz, y el Ministerio de Justicia supuestamente actuará con responsabilidad, considerando que el Ministerio Público inició una investigación del más alto nivel al enviar una comisión de fiscales a Santa Cruz.
“Tenga la seguridad el país, que aquí no habrá ningún pacto de impunidad ni se va proteger a nadie y vamos hacer todas las investigaciones en el marco del Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (STAR-GIRA), que permite trabajar a nivel internacional”, aseveró.
Recursos en el extranjero
Asimismo, aseguró que en el caso de los ítems fantasmas presuntamente hay recursos que están fuera del país y tienen que ser embargados.
“(Esto) para recuperar (el dinero) a quien le han robado que, en este caso, es el pueblo cruceño”, indicó en contacto con la red Erbol.
Lima manifestó que la presunta corrupción es una señal que existen menos Derechos Humanos.
“Cuántas escuelas, hospitales o calles le robaron a los cruceños porque las cifras son escandalosas y las investigaciones deben concluir con justicia para el pueblo cruceño”, subrayó.
Caso ítems fantasmas
Antonio P. V., director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz durante la gestión de Percy Fernández, es el principal acusado de los 800 ítems fantasma, de acuerdo al reporte del diario La Razón.
La investigación por este caso fue iniciada en días precedentes luego de que la exesposa del principal sindicado Valeria Rodríguez presentara una denuncia ante el Ministerio Público, que ahora investiga el caso de oficio.
El martes se sumó a la denuncia el Gobierno Municipal de Santa Cruz, que amplió la denuncia contra otros tres funcionarios: Javier C. C., director de Recursos Humanos de la gestión de Angélica Sosa; Javier C. M., asesor de Recursos Humanos y Julio H. A., exfuncionario municipal.
La fiscal asignada, Yolanda Aguilera informó que se emitieron alertas migratorias para los implicados y enviaron citaciones a diferentes personas para que declaren en calidad de testigos.
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