El Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) solicitó este sábado al Gobierno boliviano garantizar el esclarecimiento de muertes ocurridas durante la privación de libertad en las diferentes cárceles de Bolivia.
Las demandas del Comité son parte de las observaciones finales sobre el tercer informe periódico presentado por el Estado boliviano el 25 y 26 de noviembre en Ginebra, Suiza.
“El Comité urge al Estado asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”, señala parte del informe.
Desde 2016 hasta 2020, las muertes de privados de libertad en las cárceles promedian 50 por año, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario, existen varios motivos como enfermedades, peleas entre internos, abuso policial, entre otros, reportó ANF.
Este año también se registraron muertes en celdas policiales, de las cuales no se conocen las razones ni a los responsables de los hechos.
El Comité insta además al Gobierno a revisar la eficacia de los programas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades infecciosas en las cárceles, instrucciones, métodos y prácticas de interrogatorio.
A su vez, el Comité lamenta no haber recibido del Gobierno datos estadísticos completos y desglosados por lugar de detención, sexo, edad, origen étnico y causas de los decesos relativos al período 2014-2020.
Tampoco recibieron información detallada sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes y las medidas concretas adoptadas para evitar que se produzcan casos similares.
El Comité también observa con preocupación que el Estado no proporcionó información suficiente sobre los protocolos que deben seguir las autoridades de la Policía y otros agentes del orden al realizar entrevistas e interrogatorios.
Desde el CAT recomiendan al Estado garantizar que las fuerzas del orden, jueces y fiscales reciban formación obligatoria sobre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de los órganos judiciales de invalidar las confesiones y otra evidencia obtenidas bajo tortura.
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