La recuperación económica está acompañada de desempleo, aumento de la precariedad laboral y de la pobreza, señala el último informe sobre Pobreza Multidimensional y efectos del Covid-19 en Bolivia elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
El informe, basado en una encuesta nacional de hogares realizada entre mayo y julio de este año por el Cedla, sostiene que el acceso desigual que tiene la población a recursos, a oportunidades (salud, educación, empleo, hábitat adecuado), al ejercicio de poder y voz para participar e influir en decisiones que les afectan y a la seguridad humana (física y alimentaria) se ha profundizado.
Antes de la crisis sanitaria, el 62% de la población era pobre considerando todas estas dimensiones de la vida. Los efectos acumulados de la pandemia dejan ver que esta situación no habría cambiado hasta el año 2021.
Considerando la dimensión de oportunidades, en el segundo trimestre de este año, la mayor parte de los hogares (60%) todavía no tenía un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar.
Campesinos, obreros, trabajadores por cuenta propia, empleados en puestos de trabajo, menos calificados, que trabajan sin seguridad en los ingresos, sin protección de sus derechos laborales y sin protección social, seguían, y siguen, afectados por la crisis.
Trabajadores con peores condiciones laborales: la informalidad llegó al 71%
El aumento de la inestabilidad laboral, la disminución de ingresos laborales y la falta de cobertura de los sistemas de salud y de pensiones −característicos del trabajo precario−, junto al desempleo y la inactividad forzada, muestra que el ritmo de reactivación económica en el país y su composición por sectores de actividad son insuficientes para la recuperación del empleo y para frenar el deterioro de su calidad.
Mientras la pérdida de empleos asalariados formales todavía no se logra revertir −ahora solo hay un trabajador(a) asalariado(a) por cada dos independientes y familiares no remunerados−, la ocupación informal o sin derechos laborales aumentó hasta el 71%, abarcando a la mitad de los asalariados y a casi todos los independientes.
Por otra parte, los ingresos no se recuperaron. El 70% de los trabajadores gana menos que antes y seis de cada 10 tienen un ingreso igual o menor al salario mínimo nacional (Bs 2.164). Mientras unos vieron reducir y otros aumentar su jornada laboral, son las mujeres las que dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado, lo que para muchas ha significado menos empleo y pérdida de autonomía económica.
Más de la mitad de los hogares son pobres
En consecuencia, los hogares vieron perder sus ingresos. Al 80% ya no les alcanza para llegar a fin de mes o les alcanza justo. Como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren a sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o, a nuevos préstamos en dinero y en especie.
En julio de 2021, el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de éstos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas.
A un año y medio de la pandemia: incertidumbre y pesimismo
A tiempo de valorar los cambios en aspectos importantes de su vida económica y laboral durante la pandemia, la mayoría de los(as) entrevistados(as) señala que su situación empeoró o que permanece igual: seis de cada diez vieron afectados su empleo y sus condiciones de trabajo, y siete de cada diez, su economía.
Tomando en cuenta el contexto económico, sanitario y político en el país, no sorprende que el 70% de la población vea el futuro con incertidumbre y pesimismo.
Este escenario, según el informe del Cedla, plantea grandes desafíos para la política pública y las acciones gubernamentales, así como para la participación efectiva de la población en las decisiones que les afectan. Una condición para avanzar en esta perspectiva pasa por la democratización de los espacios para la deliberación e influencia de la sociedad en la construcción de caminos hacia la igualdad, la equidad y la integración social.
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