Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al Presidente Daniel Ortega, afirmaron el jueves precedente desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante un informe que señala “impunidad estructural” y “crímenes de lesa humanidad” en el país centroamericano.
Para la CIDH, en el país centroamericano existe una “impunidad estructural” en medio de un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos”.
“Estos comicios ocurren en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello, se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, señala el documento del órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El informe hace un repaso histórico de lo que ocurrió en Nicaragua para concluir que se realizaron reformas cuyo único propósito fue facilitar la concentración del poder.
La misiva titulada, “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, indica especialmente que no se implementó “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la OEA, según reporte del portal informativo El Universo.
Menciona, por ejemplo, que en el 2000 se redujo de 45 a 40 por ciento el porcentaje requerido de votos válidos para ser elegido Presidente y vicepresidente de la República, estableciendo incluso la posibilidad de asumir la Presidencia con un mínimo del 35 por ciento de los votos válidos cuando se supere a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.
En 2014, la Asamblea Nacional, controlada por el partido afín al Gobierno nicaraguence, eliminó el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección inmediata al cargo para Presidente de la República y habilitó la reelección presidencial indefinida, lo que permitió que Daniel Ortega continúe en el poder.
“Régimen de terror”
El reporte de la CIDH destaca que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la Presidencia, que permanecen privados de libertad.
De esa manera denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos, asimismo el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se transformó en un “Estado policial”, donde el Gobierno de Ortega, quien permanece en el poder desde 2007, tiene instalado un “régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales, según la CIDH.
Finalmente, la represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según el ente internacional.
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