La adaptación al cambio climático costará 300 mil millones de dólares anuales en 2030 a los países en desarrollo, y si los objetivos de mitigación no se cumplen esta cifra ascenderá a 500 mil millones de dólares en 2050, advirtió este jueves la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“La financiación actual apenas representa una cuarta parte de los 300 mil millones previstos para 2030”, alertó un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).
La secretaria general de Unctad, Rebecca Grynspan señaló que cumplir las promesas de 100 mil millones de dólares anuales para el Fondo Verde del Clima es una obligación en Glasgow y dijo que no obstante también hacen falta otros compromisos, reportó el diario digital Infobae.
“Se necesitan esfuerzos concertados a nivel multilateral para garantizar la financiación que necesitan los países en desarrollo en aras de adaptarse al cada vez peor impacto del cambio climático”, aseguró.
La Unctad pidió una reforma del sistema financiero para la adaptación, que entre otros puntos conllevaría un aumento de las ayudas estatales al desarrollo.
“Si los países del G7 hubieran cumplido en 2020 su objetivo de destinar un 0,7 por ciento de esa ayuda al desarrollo, se hubieran dispuesto de 155 mil millones de dólares más”, señala el informe de Naciones Unidas.
El cual también recomendo una reestructuración y condonación de la deuda de los países más vulnerables al cambio climático, más préstamos de bancos de desarrollo multilaterales, y un mayor alcance de los mercados de bonos verdes, actualmente muy limitados a causa de diversas políticas regulatorias.
Por otro lado, la Unctad advirtió que las presiones para liberalizar el mercado de productos y servicios relacionados con la protección medioambiental beneficiaría sobre todo a los exportadores de países desarrollados, reduciendo las capacidades fiscales de las economías en desarrollo.
En ese contexto, la agencia de Naciones Unidas subrayó que las tecnologías verdes deben ser clasificadas como bienes públicos, y por ello su acceso tendría que ser accesible para todas las economías.
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