La Fiscalía solicitó, el jueves reciente, la detención preventiva para la jueza Melina Lima, imputada por prevaricato por cerrar un proceso contra Samuel Doria Medina. Desde la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declararon en estado de emergencia, en rechazo a la aprehensión e instaron a que la autoridad judicial se defienda en libertad.
“Está solicitando la detención preventiva en base a los elementos, veremos qué determina el juez”, declaró el fiscal departamental de La Paz, William Alave, según reportó la red Erbol.
El fiscal explicó que Lima está acusada porque no se puede prescribir un caso de legitimación de ganancias ilícitas, como lo dispuso la jueza en el proceso por el caso Akapana, en el cual están involucrados el empresario Samuel Doria Medina y sus hermanas.
El presidente de la Asociación de Jueces de La Paz, Norman Espinoza manifestó que esa institución considera arbitraria a la aprehensión contra Lima, por lo cual manifestó que debería defenderse en libertad tomando en cuenta su condición de mujer, quien tiene trabajo y familia.
Alertó también que, con el caso de la jueza Lima se sienta un precedente contra el trabajo de todos los Jueces del país, el cual en cualquier momento, por un criterio subjetivo de aplicación normativa u otros intereses, pueden ser aprehendidos y detenidos.
En ese marco, los jueces de La Paz se declararon en estado de emergencia hasta que se reparen los derechos y garantías vulnerados a Melina Lima. Asimismo, advirtieron con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la reparación de los derechos y garantía.
Antecedentes
Según la Fiscalía, en octubre de 2020, Lima dictó la prescripción del caso Akapana, iniciado por legitimación de ganancias ilícitas. En ese proceso se investigaba a diez personas, entre ellas el político Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, y sus hermanas.
El presunto ilícito era la evasión del pago de 294 millones de bolivianos en impuestos, por la venta de la mitad de las acciones de la empresa Soboce. Esta operación se realizó a través de Akapana a la firma mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).
