Debido a que existe un compromiso con el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado y el Órgano Ejecutivo, asumieron este miércoles como prioritaria la aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas en los próximos días.
Para el MAS, la norma deberá estar aprobada hasta el 15 de noviembre, debido a que en esa fecha llegará al país una comisión del Gafilat para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones que realizó ese organismo.
La presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, informó que ese es el plazo para establecer la norma en el marco de los compromisos internacionales que asumió el país.
De no evidenciar avances, el país “podría” ingresar nuevamente a la “lista negra” de ese organismo, reportó el portal Innovapress.
“Estoy preocupada por el cumplimiento de las observaciones del Gafilat, para que Bolivia no ingrese a la lista negra porque la evaluación será el 15 de noviembre, por ello es importante avanzar su tratamiento”, argumentó la senadora.
Asimismo, dijo que se debería aprobar hasta esa fecha, porque el 25 de octubre será la socialización, luego se hará un análisis de la bancada del MAS, “para después retomar el tratamiento de la Ley”, señaló la legisladora.
En tanto, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que la norma en cuestión cumple con las 40 Recomendaciones que establece el Gafilat.
“Tenemos que desmentir de forma categórica esta aseveración que se ha hecho porque denota un desconocimiento de lo que son las leyes contra ganancias ilícitas”, declaró Espinoza.
Indicó que en el caso de los Sujetos Obligados la norma contempla los mismos parámetros que en Chile y México, de igual forma explicó que el objeto de la Ley tiene el mismo sentido en los demás países para prevenir delitos relacionados a la legitimación de ganancias ilícitas.
En cuanto a las 40 Recomendaciones de Gafilat relacionadas a los temas de confidencialidad, Espinoza explicó que en el caso boliviano se habla de la exención del secreto de la confidencialidad y se detalla los casos en los que no se podrá aplicar el secreto profesional, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE).
En cuanto a los cuestionamientos en el sentido de que el proyecto normativo estaría vulnerando la CPE y la privacidad de la población, Espinoza manifestó que el contenido de la norma tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
Hasta ahora, los artículos más objetados del documento son el 11, que hace referencia a la exención de la confidencialidad; el 17, sobre las personas a las que afecta la disposición; el 18 referido al “deber de informar”; y el 22 sobre la tarea de investigación de la UIF, entre otros.
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