El «análisis de actas electorales» de las Elecciones Generales de octubre de 2019 se inició este lunes a cargo de la Procuraduría General del Estado, el cual tiene por objetivo conocer la “verdad histórica de los resultados”.
Los comicios de aquel año fueron anulados en medio de acusaciones de fraude electoral.
Durante la inauguración de dicho acto, el procurador General, Wilfredo Chávez indicó que aparentemente en el pueblo quedó una duda de si existió o no un fraude electoral. Asimismo, aseguró que se verificará si esas actas fueron resultado de engaño o no, si esas personas que firmaron las actas fueron engañadas o no.
«Estamos haciendo un acto de justicia y de verdad. (…) No están nuestros invitados especiales, los que decían que había fraude. Tienen pánico, tienen temor a la verdad», indicó Chavez.
De esa manera, la autoridad aseguró que este va a ser un acto «técnico», con el apoyo de estudiantes de informática de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). La dinámica consistirá en comparar «acta por acta» con el resultado computado. Un trabajo que tomará toda la semana.
Presentación de informe
En agosto, el procurador presentó un informe de la Contraloría General del Estado, el cual desconoce la auditoría realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que advertían de una «manipulación dolosa» en el proceso electoral de 2019.
Por tal situación, se propuso revisar cada una de las 35 mil actas de las Elecciones Generales de 2019, para “desestimar las acusaciones de fraude electoral”.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Haussenteufel advirtió que si bien las actas electorales son documentos de dominio público y que se encuentran disponibles para su revisión en medios digitales, una elección pasada no puede ser revisada.
De igual manera, miembros de la oposición criticaron que Chávez pretende atribuirse facultades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y opinaron que debe “abandonar pretensiones que no son de su competencia”.
Finalmente, Chávez afirmó este lunes que tiene una competencia «constitucional» de «precautelar y defender los intereses del Estado».
«Y el primer interés del Estado a nivel político es la democracia», concluyó.
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