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Conade, CC y Creemos advierten que muertes ocurridas en 2019 “podrían quedar en la impunidad”

Conflictos en Senkata / Archivo La Razón
Las muertes registradas en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, “podrían quedar en la impunidad y ser politizadas” si no se deja sin efecto la amnistía e indulto del Gobierno y el sobreseimiento del caso “fraude electoral”, señalaron mediante un pronunciamiento conjunto, entre el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Las muertes registradas en Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba, “podrían quedar en la impunidad y ser politizadas” si no se deja sin efecto la amnistía e indulto del Gobierno y el sobreseimiento del caso “fraude electoral”, señalaron mediante un pronunciamiento conjunto, entre el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

“Del Informe se infiere que las investigaciones en Bolivia por violaciones a los derechos humanos, especialmente con relación a todas las muertes ocurridas, por acción directa de las fuerzas de seguridad del Estado o de particulares, podrían quedar en la impunidad y ser politizadas a través de una fiscalía y justicia selectivas, si no se dejan sin efecto la amnistía e indulto discriminatoria del Presidente Arce Catacora y el arbitrario sobreseimiento del caso fraude electoral anunciado por el Fiscal General del Estado”, señala el punto tres del documento.

La posición fue emitida luego de conocer el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el cual establece que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos”.

“El informe confirma la certeza de que las causas determinantes de la crisis de violencia del 2019 es la desinstitucionalización del Estado y la aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales y sus colaboradores para quedarse indefinidamente en el poder, vulnerando la CPE, el Referendo del 21-F, la institucionalidad democrática”, denuncia parte del pronunciamiento.

Consideraron que en el informe se confirma que las causas que determinaron la crisis de 2019 fue por la “desinstitucionalización del Estado” y la “aguda polarización provocada por acciones de Evo Morales” y sus colaboradores para quedarse en “el poder”.

Asimismo, afirmaron que para “llevar adelante” procesos de investigación y sanción contra los responsables de los hechos es necesario el cambio de operadores fiscales y judiciales que atiendan los casos.

“El sistema judicial no cuenta con las condiciones mínimas de independencia, transparencia e idoneidad, para encontrar la verdad e imponer recta justicia, como condiciones para una paz verdadera”, finaliza el cuarto punto del escrito.


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