El carácter vinculante del informe presentado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que detectó anomalías en las elecciones de 2019, fue cuestionado por el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, quien señaló que no fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a que fue avalado por el Gobierno de Evo Morales.
“No estoy de acuerdo que el informe de la OEA es vinculante, porque una cosa es el campo técnico de la doctrina legal y otro el campo político. Fue un acuerdo político, si se hubiera pasado por Ley en la Asamblea hubiera sido vinculante, era lo que correspondía” aseveró Quispe en contacto con radio El Deber.
Asimismo, justificó la decisión de cerrar el caso “fraude electoral”, asegurando que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero supuestamente no un delito de fraude.
Por su parte, el experto, William Herrera señaló que lo expuesto por la autoridad “no tiene sentido” porque existió un compromiso firmado por el Estado boliviano de cumplir las observaciones hechas por la OEA.
El especialista, señaló que no se puede tomar enserio un peritaje realizado por tres personas frente a un informe técnico realizado por 36 expertos de la OEA en el lugar de los hechos.
Antecedentes del informe presentado por la OEA
En los comicios de 2019, tras los resultados que daban por ganador a Evo Morales en primera vuelta, surgieron denuncias de irregularidades en el proceso, lo cual derivó en un estallido social en todo el país. Ante esta situación, Morales aceptó que la OEA elabore un informe de carácter vinculante que quedó «plasmado» en la firma de un acuerdo con la organización.
Luego de varios días de protestas, un grupo de 36 expertos de la OEA determinó que existió manipulación de datos en las Elecciones Generales, los cuales favorecieron al entonces Presidente, ese contexto avivó el descontento social que exigía la renuncia del exjefe de Estado.
Al respecto, el secretario de general de la Fiscalía aseguró que el informe supuestamente fue de carácter político y dentro de la normativa legal nacional “no es vinculante”.
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