La liberación inmediata del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Mario Antonio “Tonchy” Bascopé es el pedido que exteriorizaron representantes del Comité de Defensa de la Democracia (Conade), este jueves 22 de julio.
Asimismo, solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que interponga medidas cautelares para la protección de su vida.
El representante del Conade, Manuel Morales manifestó la solicitud a la Conferencia Episcopal para “que intervenga con el objeto que se pida la inmediata libertad de ese señor”.
Aseveró que el líder “cochalo” fue internado en un hospital por una hernia presuntamente producto de una golpiza, por lo que denunció “torturas” en su contra.
Fiscalía solicita detención preventiva
Por su parte, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de Bascopé en el penal de Cantumarca y emitió la imputación formal por los supuestos delitos de organización criminal, fabricación ilícita y tenencia o porte de artefactos explosivos.
Bascopé es acusado por los daños ocasionados a la Fiscalía General del Estado durante las protestas de octubre de 2020 en Sucre.
Los fiscales asignados al caso, Daniel Fernández y Javier Ángel Gorena, en conferencia de prensa justificaron su pedido de la privación de libertad en contra de Bascopé, asegurando que existen evidencias de que él sea autor de estos hechos ilícitos, de acuerdo al reporte del diario Correo del Sur.
“El señor Mario Bascopé tiene antecedentes penales en otros procesos, en el municipio de Montero que está en juicio oral por tráfico de sustancias controladas y en el municipio de Cochabamba por tráfico y tenencia de armas”, señaló Gorena.
Antecedentes
Bascopé fue detenido el 20 de julio cuando salía de la cárcel de “Palmasola”, donde estaba detenido preventivamente por un proceso relacionado con el tráfico de sustancias controladas.
La justicia le otorgó libertad condicional, pero la Policía lo arrestó “apenas salió” de la cárcel y lo trasladó a Sucre, donde se abrió otro proceso en su contra, esta vez por daños a la infraestructura de la Fiscalía.
La RJC denunció que se trata de una persecución política contra los miembros de esta organización, siendo una de las que se movilizó junto a varios sectores, contra el Gobierno de Evo Morales en 2019.
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