Desde Comunidad Ciudadana, el diputado Jairo Guiteras denunció este lunes la vigencia de un Decreto Supremo, emitido el 19 de agosto de 2009 y firmado por el exmandatario Evo Morales, el cual dispone recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para apoyar los asentamientos humanos.
Guiteras consideró que la llegada de interculturales a la Chiquitania se debe a un plan del ejecutivo nacional y que está financiado con dinero de todos los bolivianos.
El Decreto Supremo 257 tiene por objeto crear el Fondo de Asentamientos Humanos y establecer una entidad ejecutora, asimismo autorizar al Viceministerio de Tierras la transferencia de recursos no reembolsables público–privados, finalmente, reglamentar el destino de productos forestales maderables ilegales decomisados en tierras fiscales.
Guiteras observó una figura legal muy similar al Fondo Indígena para destinar recursos económicos a personas particulares sin mayor responsabilidad.
El legislador opositor cuestionó si es «el dinero de todos los bolivianos» que financiaría la toma de tierras y asentamientos con el aval del Gobierno, reportó El Deber.
El Decreto compromete la ayuda para la provisión de infraestructura provisional para el establecimiento de las familias beneficiarias, lo cual para Guiteras equivale a darles su propia casa a cuenta del TGN.
El documento no se especifica el monto que se entregará para cada uno de los asentamientos ni cuánto dinero recibirá cada personas.
Para conocer el monto destinado a los asentamientos humanos, Guiteras anunció que remitirá una solicitud de informe escrito al Ministro de Economía, mientras que una segunda solicitud pedirá al viceministro de Tierras que identifique a los beneficiarios.
La creación de una comunidad se convierte en un procedimiento aparentemente sencillo.
«Solo se requiere 20 personas que formen una personería jurídica y soliciten el asentamiento ante el Viceministerio de Autonomías (antes era Ministerio)», señala Guiteras.
Con este trámite, las comunidades estarían habilitadas para recibir recursos económicos u otro tipo de bienes de manera directa.
«Tenemos que investigar si se entregaron autorizaciones a comunidades fantasmas… Que recibían las resoluciones de asentamiento y luego vendían o alquilaban las tierras», finalizó el representante de CC.
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