Detención preventiva por cuatro meses es lo que determinó la Justicia para el exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink por el caso del préstamo de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión judicial se conoció este miércoles 30 de junio.
En horas precedentes, el juez quinto anticorrupción de La Paz determinó enviar a la exautoridad del Gobierno transitorio a la cárcel de “San Pedro”.
El martes 29 de junio, la Fiscalía emitió la imputación formal contra Schlink y solicitó su detención preventiva por seis meses, sin embargo, el juez no avaló ese pedido.
El exviceministro fue aprehendido el lunes 28 de junio, tras impedirse su viaje al exterior para celebrar su “luna de miel”.
Schlink es acusado por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
En este caso se investiga los pormenores del préstamo de 327 millones de dólares que se hizo durante el Gobierno transitorio, reportó la red Erbol.
Luego de observar irregularidades en su trámite, como la falta de una ley que lo avale y además generando presuntamente un daño económico por los intereses contraídos, el Banco Central determinó devolver el dinero en el actual periodo del Movimiento Al Socialismo.
En tanto, Schlink sostuvo que no firmó ningún contrato o decreto para conseguir el financiamiento.
Asimismo, rechazó la acusación en su contra por incumplimiento de deberes, señalando que el “argumento del programa” de endeudamiento no se elaboró en su periodo.
Entre los indicios de la Fiscalía, se encontraron notas del Banco Central notificando a Schlink de pagos que se desarrollaron para cumplir las obligaciones contraídas con el FMI.
El exviceministro señaló que esas cartas implican que le comunicaron al respecto, pero no “que él haya pagado”.
Negó también que el financiamiento condicionará la política monetaria del país, y que como prueba de eso, es que el tipo de cambio se mantuvo estable.
Schlink afirmó que el daño al Estado fue cometido por el Gobierno actual, porque determinó devolver el dinero cuando el país necesitaba comprar vacunas y asistencia sanitaria.
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