Los diputados de la Brigada Parlamentaria del Beni llegarán el lunes 26 de abril a la ciudad de La Paz para pedir formalmente a los ministerios de Minería y Medio Ambiente el inicio de auditorías a las operaciones de explotación de oro y manganeso a cargo de la transnacional Eaglecrest Exploration Bolivia S.A. en el Cerro San Simón, provincia Iténez del departamento del Beni.
La diputada Priscila Dantes confirmó este domingo que legisladores arribarán a La Paz el lunes, quien anticipó que a la cabeza de estas acciones estará la presidente de la brigada, la senadora Neila Velarde.
Dantes comunicó que solicitarán auditorías a las operaciones que habrían comenzado el año 2015.
“Por toda la documentación que nos entregaron las operaciones aparentemente son legales, pero hay que ver porque el papel aguanta todo y por eso pediremos auditorías”, manifestó.
Señaló también que desde ese año la empresa habría cancelado regalías al Beni por 4.489.781 de bolivianos sin especificar sobre qué cantidad de mineral están pagando.
“A leguas se nota que no es información real, pero es la que ellos tienen y nosotros tenemos que constatar con el Ministerio de Minería”, afirmó Dantes.
La Brigada tiene previsto solicitar al Ministerio de Minería que instale puestos de control a través de la La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para que junto a la Secretaría de Minería de la Gobernación realice un trabajo de fiscalización.
También pedirán auditorías a todo el municipio de Baures con el fin de cuantificar la cantidad de las cooperativas que existe en la zona.
Asimismo, la diputada indicó que la comisión que viajó al lugar pudo reunirse con representantes de la Cooperativa Nueva Esperanza que estarían operando de manera legal.
“Pudimos observar que el cerro contiene manganeso y eso es lo que sale camionadas de camionadas diarias. Según la empresa, el concentrado de material aurífero sale más o menos entre una a dos camionadas por semana a lo mucho y eso es lo que se va a refinar a otro país”, indicó Dantes.
Reveló que la empresa se comprometió a hacer un “borrón y cuenta nueva” y a contratar a todos de manera escrita y otorgarles beneficios y asignaciones sociales de ley.
La empresa también se comprometió a cumplir los convenios sociales y cancelar 100.000 bolivianos en proyectos anuales por cada comunidad, también recogió información sobre la presencia de 20 cooperativas ilegales que estarían explotando mineral.
“Algo muy preocupante es que la explotación minera está contaminando las vertientes y arroyos de donde las comunidades se proveen de agua para consumo humano, motivo por el que requerirán al Ministerio de Medio Ambiente realice auditorías y análisis correspondientes”, comunicó la diputada.
Añadió que es importante que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) instale puestos de control en la zona.
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