La Asociación de Juristas de Iberoamérica (Asjurib) demandó este martes garantizar el cumplimiento de la ley, el respeto a la presunción de inocencia y derecho a la defensa para la expresidente Jeanine Añez, al Gobierno boliviano y autoridades judiciales.
Mediante un comunicado la organización de abogados recordó que de acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969).
“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal…”, se indica en el documento.
Jeanine Añez fue aprehendida el sábado 13 de marzo, durante la madrugada en la ciudad de Trinidad, posteriormente fue llevada a La Paz donde una jueza ordenó inicialmente su detención preventiva por cuatro meses.
Días después en otra audiencia realizada el sábado 20 de marzo, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz extendió el tiempo de detención preventiva a seis meses.
Debido a su estado de salud, Añez fue trasladada el fin de semana del Centro de Orientación Femenino de Obrajes al Centro Penitenciario Femenino Miraflores porque ahí existe la infraestructura necesaria para que la exmandataria sea atendida por los médicos, según declararon las autoridades al día siguiente de su traslado.
La expresidente y sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán guardan detención y son procesados por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
“Hemos tomado conocimiento de la aprehensión de la expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez y otros colaboradores, así como personas civiles, en operativos dirigidos por el Ministro de Gobierno entre el viernes 12 y sábado 13 de marzo de 2021”, dice el comunicado.
“La Asociación Juristas de Iberoamérica (Asjurib) emplaza al gobierno boliviano y a las autoridades competentes previstas por el ordenamiento legal, a garantizar el cumplimiento de la ley velando por la regularidad del proceso, recomendando el respeto por el principio de presunción de inocencia y el Derecho a la Defensa, fundamentales en el sistema jurídico moderno”, recalcaron los profesionales.
Dicha organización realizará un seguimiento a los procesos iniciados “en resguardo del control del ejercicio de los Derechos Humanos, el debido proceso y la aplicación de la ley.
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