La jueza novena de Instrucción en lo Penal de La Paz, Regina Santa Cruz, dispuso la noche de este domingo la detención preventiva por cuatro meses, para la expresidente Jeanine Áñez, en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, de La Paz y en el penal de San Pedro para los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coímbra, por el caso del supuesto “golpe de Estado” en 2019.
La audiencia cautelar fue virtual y los tres aprehendidos fueron imputados por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo. La expresidente Áñez y los exministros escucharon el fallo en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la ciudad de La Paz, donde están detenidos desde la madrugada del sábado, según Página Siete.
Dichas instalaciones fueron rodeadas por grupos violentos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), los que exigían en encarcelamiento de las exautoridades, según reportaron desde la tarde medios de comunicación de la sede de gobierno.
Los fiscales, Rudy Terrazas, Omar Mejillones y Harold Jarandilla afirmaron que no se procesa la sucesión constitucional de Añez, sino las presuntas acciones ilegales que la expresidente y otras exautoridades cometieron antes de asumir el cargo y tras la renuncia de Evo Morales y posterior huida del país, el 10 de noviembre de 2019.
En la audiencia, los fiscales afirmaron que existía un riesgo de fuga ya que desconocían que los tres imputados tenían domicilios permanentes.
Al inicio de la audiencia, la defensa de la expresidente presentó, ante la jueza, incidentes legales para que se declaré la ilegalidad de la aprehensión de las tres exautoridades en Beni, el pasado viernes.
Al mismo tiempo, solicitaron la anulación de la imputación porque, según la defensa, los fiscales no fundamentaron ni presentaron indicios del supuesto golpe de Estado y que sus clientes estuvieron involucrados en los mismos.
La jueza Santa Cruz, declaró “infundados” los incidentes y rechazó ambos pedidos, mientras se desarrollaba la audiencia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se pronunció mediante su cuenta de Twitter.
“En particular, la CIDH recuerda que el Estado de Bolivia debe velar porque las personas detenidas cuenten con garantías mínimas para ejercer su defensa, incluyendo la presentación de recursos efectivos, el conocimiento de las imputaciones, examen y contradicción de pruebas”, publicó en su cuenta.
Tras el fallo, las redes sociales “explotaron” con comentarios apoyando la decisión del dictamen judicial, y en contrapartida condenando la justicia politizada a juicio de los internautas, por el MAS.
Asimismo, los participantes de la audiencia tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Gobierno, señalaron que se apelará la decisión de la detención preventiva, para que la sanción sea de seis meses, mientras dure la etapa investigativa.
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