El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que el Decreto Presidencial 4461 de Amnistía e Indulto beneficiará aproximadamente a 3.180 privados de libertad, entre los cuales hay perseguidos políticos, víctimas de retardación de justicia y otros. El objetivo es lograr el descongestionamiento de las cárceles y resguardar la vida de los internos.
La autoridad gubernamental explicó que los centros de reclusión en Bolivia tienen la capacidad para albergar a 6.765 personas, pero viven 17.863, por lo que existe un hacinamiento de 167 por ciento. En el área urbana hay un hacinamiento de 189 por ciento y en el área rural del 86 por ciento.
Especificó que Chonchocoro puede cobijar a 103 internos, pero viven 488, lo que significa un hacinamiento del 364 por ciento; Palmasola, en Santa Cruz, puede recibir a 1.171 personas, pero viven 5.110, lo que significa un 336 por ciento más; y San Pedro de La Paz, tiene un congestionamiento del 542 por ciento.
Explicó que entre los que se beneficiarán con la amnistía e indulto, hay perseguidos políticos, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad con enfermedades crónicas o en estado terminal, progenitores o tutores que tienen hijos menores de 12 años o tutores que tienen hijos con algún grado de discapacidad.
Siles señaló al noticiero «El Siete» de las seis de la mañana de Bolivia Tv. que el decreto no beneficiará a quienes hayan sido sentenciados a pena privativa de libertad de más de diez años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.
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