El Gobierno Nacional, enfrenta un nuevo escándalo, al margen del “caso respiradores”, luego de que el programa “Detrás de la Verdad”, revelara que el Estado compró con presunto sobreprecio gases lacrimógenos y otros elementos antimotines, a través de un intermediario con una compañía de Estados Unidos, sin embargo, el Gobierno negó que exista irregularidades en la adquisición.
Mediante un comunicado, el Estado negó la compra con sobreprecio de armamento no letal y al mismo tiempo acusó al periodista Junior Arias, del programa “Detrás de la Verdad”, por haber difundido información falsa dañando el prestigio del Ministerio de Gobierno.
“La dirección de Comunicación del Ministerio de Gobierno denuncia ante los ciudadanos que el señor Junior Arias ha difundido una historia falsa para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio. Esa falsedad es guerra sucia y es guerra política”, afirma un comunicado emitido el lunes por la cartera de Estado.
Según informó el programa, el 25 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma, sin embargo, al día siguiente, la cartera de Estado, se retracta e informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, Estados Unidos.
El 19 de diciembre, el ministro de Defensa, Fernando López, firmó el contrato por el cual se pagaron entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno y el Estado pagó en total 5,6 millones de dólares.
El programa periodístico reveló una cotización de Cóndor por el que concluye que el precio que Bolivia pagó al intermediario Bravo Tactical Solutions LLC fue mucho mayor por lo cual evidenció que si el Gobierno compraba directamente de la empresa brasilera desde un principio, hubiera gastado aproximadamente 2,1 millones de dólares menos.
Pese a los documentos exhibidos por “Detrás de la Verdad”, no se ha establecido mediante una investigación si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.
Según el comunicado del Ministerio de Gobierno, se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas cumpliendo con todos los requisitos que la legislación exige.
“Sin embargo, esa compra legal y normal es presentada de modo malicioso y manipulador por el señor Arias para construir una historia absurda que suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal”, añade.
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