Efectivos policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público precintaron la tarde del lunes oficinas de la unidad de Contrataciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), por indagaciones en el caso de adjudicación de contrato para más de 34.000 raciones de alimentos para policías y militares, que realizan vigilancia en las calles por la cuarentena.
El precintado se efectúa tras denuncia efectuada por los concejales Celima Torrico, Edwin Jiménez, Carlos Coca, miembros de la Comisión Primera, dicha acusación se la realizó en oficinas de la Fiscalía, el tenor tiene relación a la adjudicación directa de contrato a un restaurante de la zona de la capital cochabambina.
El fiscal, Rodrigo Soria, reveló que los delitos que se indagan en contra del alcalde José María Leyes y presuntamente otros funcionarios son: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, y otros de tipo penal que serán analizados.
«No vamos a escatimar esfuerzos hasta que caiga quien caiga, porque no se puede jugar con la alimentación de dos grupos sociales, como son los militares y policías, que están resguardando las ciudades para que no existan contagios del COVID-19, ni con el dinero del pueblo», anunció Lurwyn Ledezma, abogado de la parte denunciante al diario Opinión.
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