Rediseñar el Estado para combatir la corrupción

En 1988, el experto en economía y políticas públicas Robert Klitgaard publicó el libro “Controlling Corruption”, considerado hasta ahora como uno de los textos fundamentales de la teoría moderna sobre la lucha contra la corrupción. Su investigación propone que este delito no es un problema exclusivo de deshonestidad individual, sino el resultado de un diseño estatal deficiente que genera incentivos para el comportamiento corrupto, por lo que su abordaje debe trascender el enfoque moral y jurídico, y considerarse desde una perspectiva económica e institucional.

Klitgaard plantea que la corrupción nace en un régimen donde hay concentración del poder de decisión, amplia discrecionalidad y ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Sostiene, además, que la corrupción responde a un análisis racional de costos y beneficios: un funcionario será más propenso a corromperse cuando las ganancias esperadas son elevadas; la probabilidad de ser descubierto es baja; las sanciones son débiles o poco probables; y el sistema tolera esas prácticas.

A casi 40 años de su publicación, “Controlling Corruption” continúa como referencia para organismos como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y numerosas agencias de cooperación, y se utiliza como marco conceptual para diseñar políticas de transparencia. Además, se ha reforzado con las posibilidades que brindan la digitalización, interoperabilidad, inteligencia de datos, transparencia activa y la Inteligencia Artificial.

El caso boliviano refleja con notable claridad las condiciones descritas por Klitgaard. En nuestro país –que tiene uno de los niveles de percepción de corrupción más altos del mundo, según Transparencia Internacional–, este delito se origina en una crítica debilidad institucional, elevada discrecionalidad administrativa, politización de la gestión pública, limitada capacidad de control y una cultura de tolerancia y permisividad. Su costo no es solo reputacional: un estudio del BID de 2019 estimó que este flagelo generaba pérdidas de 3.000 millones de dólares anuales al país.

Iniciativas implementadas en los últimos 20 años como la Ley Marcelo Quiroga, el Ministerio y las unidades de Transparencia, y los consejos anticorrupción fracasaron sistemáticamente en sus objetivos de disminuir el delito, porque se implementaron bajo un gobierno que al mismo tiempo lo permitía y lo fortalecía. La interminable lista de hechos de corrupción en ese periodo (pero también la peligrosa aparición de nuevos casos en los últimos meses) demuestran que el problema no es jurídico ni administrativo, sino la falta de voluntad política y un enfoque equivocado.

Es evidente que no requerimos más leyes. Necesitamos rediseñar el funcionamiento del Estado para que la integridad deje de depender exclusivamente de la conducta honesta de los servidores y pase a convertirse en una característica del propio sistema institucional.

Eso significa construir un esquema de gestión donde la corrupción sea difícil de cometer, fácil de detectar y donde actuar correctamente sea la opción más conveniente para funcionarios, empresas y ciudadanos. La lucha contra la corrupción debe dejar de ser un problema policial y convertirse en un tema central de gestión pública y en un nuevo modelo de gobernanza.

Un buen punto de partida puede ser la receta de Klitgaard: reducir monopolios, limitar la discrecionalidad e incrementar la rendición de cuentas; sin embargo, es insuficiente. Se precisa un Estado con justicia independiente, controles externos robustos, profesionalización del servicio público, fortalecimiento de la institucionalidad, simplificación administrativa y una gestión digital y transparente, que incluya la modernización el SICOES y la aplicación de Inteligencia Artificial en la vigilancia de los procesos de compras y contrataciones estatales. Esto no significa disminuir sanciones ni flexibilizar la persecución de los corruptos: significa concentrarnos en producir integridad.

Indudablemente que, para enfrentar el problema, se necesita crear una entidad anticorrupción. Pero esta debe tener independencia política, investigadores especializados, presupuesto suficiente, capacidad real de sanción y coordinación con fiscales y jueces. Aun con estos recursos, si el resto del sistema permanece corrupto, la institución fracasará.

La transición del populismo hacia un modelo de libertad económica, democracia ciudadana y reforma del Estado es una oportunidad única para encarar este problema con seriedad y responsabilidad; desperdiciar el momento y mantener el Estado corrupto sería imperdonable.

Mientras sigamos creyendo que este ilícito se combate con más discursos y más leyes, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Bolivia necesita dejar atrás el paradigma de perseguir la corrupción después de que ocurre y comenzar a construir un modelo de gestión donde hacer lo correcto sea la única opción posible. Ese es el verdadero desafío del siglo XXI.

* Ronald Nostas Ardaya
Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia