La corrupción puede vaciar las arcas públicas, la mediocridad también puede destruir una gestión y en ambos casos, la factura termina pagándola Oruro

Cuando hablamos del mal uso de los recursos públicos, casi siempre pensamos en corrupción, sin embargo, existe otro problema menos visible, cotidiano y también profundamente dañino, la mediocridad en la función pública.

Una obra mal planificada, un proyecto sin suficiente sustento técnico, una contratación deficientemente diseñada, una supervisión incapaz, un informe jurídico mediocre o una decisión administrativa adoptada sin revisar seriamente los antecedentes pueden ocasionar perjuicios al Estado y también a terceros.

“La incompetencia también cuesta dinero y sus consecuencias las termina pagando la población”.

En Oruro debemos preguntarnos seriamente qué calidad de administración pública estamos construyendo tanto en el Gobierno Autónomo Municipal como en el Gobierno Autónomo Departamental, no podemos acostumbrarnos a una gestión donde primero aparece el problema, después se produce el daño, posteriormente llega la auditoría y finalmente a veces años más tarde comienza la búsqueda de responsables, para entonces, una obra puede estar paralizada, un contrato resuelto, una empresa perjudicada, un ciudadano afectado y los recursos públicos comprometidos.

HAY QUE CONTROLAR ANTES

El Estado no debería esperar a que el daño esté consumado para reaccionar, antes de adjudicar una obra, modificar un contrato, aprobar una planilla, imponer una sanción o autorizar un pago deben existir funcionarios y mecanismos capaces de identificar riesgos y generar alertas.

No basta con verificar que una carpeta tenga informes, sellos y firmas, hay que determinar si la decisión es legal, técnicamente sustentable, económicamente razonable, proporcional y respaldada por hechos y documentos verificables.

Controlar antes no significa paralizar la administración. Significa corregir mientras todavía existe tiempo para evitar el daño.

UN INFORME MEDIOCRE PUEDE CAUSAR DAÑOS IRREPARABLES

Este problema merece especial atención, los informes técnicos, jurídicos, financieros y administrativos no son simples papeles destinados a completar expedientes, en muchos casos constituyen el fundamento sobre el cual una autoridad adopta decisiones capaces de afectar derechos y patrimonio.

Un informe incompleto, contradictorio, negligente o elaborado sin revisar todos los antecedentes puede terminar provocando una sanción injustificada, la resolución de un contrato, la paralización de una actividad, pérdidas económicas o años de recursos administrativos y procesos judiciales.

Y aunque posteriormente otra instancia corrija la decisión, hay perjuicios económicos, profesionales, empresariales o reputacionales que pueden resultar extremadamente difíciles de reparar.

Por eso, quien firma un informe debe comprender que detrás de sus conclusiones puede existir una persona, una empresa, trabajadores, familias y recursos públicos.

Firmar un informe también implica responsabilidad, no puede aceptarse como normal copiar antecedentes, omitir documentación relevante, construir conclusiones sin suficiente respaldo o producir informes simplemente para justificar una decisión previamente asumida.

QUIEN CAUSA DAÑO DEBE RESPONDER

La administración pública tampoco puede convertirse en refugio de la incompetencia, cuando existan indicios de que un funcionario, mediante actuaciones negligentes o informes gravemente deficientes, pudo contribuir a causar perjuicios al Estado o a terceros, corresponde investigar inmediatamente su actuación y determinar responsabilidades respetando el debido proceso, si la responsabilidad se acredita, deben aplicarse oportunamente las consecuencias establecidas por el ordenamiento jurídico, incluida la separación del cargo cuando corresponda legalmente.

No se trata de perseguir funcionarios ni de destituir arbitrariamente, se trata de algo elemental, la función pública no puede garantizar impunidad a la negligencia, en consecuencia un cargo público implica responsabilidad no solamente salario.

¿Y QUIÉN RESPONDE POR EL FUNCIONARIO QUE TODOS SABEN QUE NO FUNCIONA?

Aquí aparece una responsabilidad que muchas veces queda fuera del debate, la de las autoridades que conocen las deficiencias y permiten que continúen.

Las Máximas Autoridades Ejecutivas del Municipio y de la Gobernación no pueden limitarse a recibir informes y firmarlos, deben exigir capacidad técnica, supervisar el funcionamiento institucional y adoptar las medidas que legalmente correspondan cuando conozcan actuaciones que puedan estar ocasionando perjuicios.

Si una autoridad conoce la existencia de graves deficiencias y teniendo competencia y obligación de actuar permite que continúen, también deberá examinarse su actuación u omisión para establecer las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Porque la mediocridad funcionaria no solamente es responsabilidad de quien ocupa indebidamente un escritorio, también es responsabilidad institucional de quienes la toleran, la protegen o deciden convivir con ella.

Una MAE que tolera sistemáticamente la mediocridad termina convirtiéndola en cultura institucional.

ORURO NO NECESITA MÁS CUOTEO, NECESITA MERITOCRACIA

Tenemos que atrevernos a discutir cómo llegan determinadas personas a cargos técnicos y de responsabilidad, la administración pública no debería convertirse en premio político, refugio de improvisados ni mecanismo de distribución de espacios de poder, los puestos técnicos y jerarquicos requieren formación, experiencia, capacidad y criterio profesional.

Oruro necesita servidores públicos capaces de decirle incluso a su propia autoridad,

“Esto está mal fundamentado, representa un riesgo y debemos corregirlo antes de decidir”.

Tampoco necesitamos funcionarios paralizados por miedo a firmar, necesitamos profesionales que analicen, adviertan, solucionen, decidan y respondan por la calidad de su trabajo.

DE LA AUDITORÍA DEL DAÑO A LA PREVENCIÓN DEL DAÑO

La Ley 1178 proporciona un marco para los sistemas de administración y control gubernamentales, el desafío está en conseguir que la prevención funcione efectivamente dentro de la gestión cotidiana.

Oruro debería avanzar hacia una lógica muy sencilla, RIESGO → ALERTA → REVISIÓN → CORRECCIÓN → PREVENCIÓN DEL DAÑO.

El Municipio y la Gobernación pueden implementar matrices de riesgo para obras y contrataciones importantes, revisión reforzada de decisiones de alto impacto, alertas ante modificaciones contractuales y pagos relevantes, seguimiento físico-financiero, trazabilidad digital y evaluación efectiva del desempeño.

Ademas debería establecerse un principio básico, cuanto mayor pueda ser el perjuicio de una decisión, mayor debe ser la calidad, independencia y profundidad de los informes que la sustentan.

NO TODO ES CORRUPCIÓN, PERO TODO DAÑO DEBE IMPORTARNOS

No toda irregularidad constituye delito, tampoco todo error de un servidor público genera automáticamente responsabilidad.

Cada caso debe analizarse conforme a la ley, las competencias, la prueba y el debido proceso, pero esta necesaria garantía jurídica no puede convertirse en excusa para normalizar la incompetencia.

Una administración responsable debe detectar y corregir el error antes de que una firma lo convierta en una decisión capaz de producir consecuencias graves.

Oruro necesita recuperar tres principios: CAPACIDAD TÉCNICA. MERITOCRACIA. RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS.

Porque gastar no necesariamente significa gestionar, ejecutar presupuesto no necesariamente significa desarrollar, firmar no significa haber analizado, tener un informe no significa tener razón y ocupar un cargo técnico no convierte automáticamente a nadie en competente.

La corrupción puede vaciar las arcas públicas, la mediocridad también puede destruir una gestión y cuando un informe mediocre produce una decisión injusta, cuando un funcionario incompetente ocasiona perjuicios y cuando una autoridad conoce esas deficiencias y no adopta las medidas que legalmente corresponden, ya no estamos solamente frente a un problema de capacidad, estamos frente a un problema de responsabilidad pública.

Oruro necesita instituciones que prevengan antes de lamentar, funcionarios que respondan por sus actos y autoridades que respondan por sus decisiones y omisiones.

Porque, al final, tanto la corrupción como la mediocridad tienen una misma víctima y es Oruro.

* José Luis Toco
Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas