Cinco años de extravío, improvisación y falta de transparencia es el legado de la anterior gestión municipal en la ciudad de Oruro

La gestión de un alcalde no concluye cuando deja el cargo, la responsabilidad sobre las decisiones adoptadas y el manejo de los recursos públicos permanece en la memoria de la ciudadanía, la ciudad de Oruro tiene todo el derecho a conocer toda la verdad sobre una administración que dejó deudas millonarias, proyectos cuestionados y una ciudad con problemas estructurales que aún impactan en la vida de los orureños.

Uno de los antecedentes más preocupantes es la información pública sobre las deudas heredadas que superan los Bs 44 millones, derivadas de procesos judiciales relacionados con la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la empresa Ceibo, vinculada a la construcción del paso a desnivel de la avenida del Ejército, estos procesos representan una pesada carga económica para el municipio y hacen imprescindible esclarecer cómo se originaron esas obligaciones y si existieron responsabilidades en la gestión de los recursos públicos.

A ello se suman diversos temas que durante la anterior gestión fueron objeto de cuestionamientos públicos y que merecen ser plenamente esclarecidos; la ejecución de la Avenida del Moreno, la adquisición del tomógrafo municipal, la remodelación del Teatro al Aire Libre, el manejo de los recursos del Carnaval de Oruro, la creación de aproximadamente 70 ítems municipales, las contrataciones realizadas durante la gestión, especialmente en la etapa final del mandato, los cuestionamientos públicos sobre presuntos casos de nepotismo y el denominado caso de las butacas.

La anterior administración tampoco consolidó una verdadera planificación estratégica por resultados, gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras, significa planificar, establecer prioridades, ejecutar con eficiencia, medir resultados y rendir cuentas, la improvisación no puede convertirse en una forma de administrar un municipio.

Esa falta de planificación también se reflejó en el desarrollo urbano, la ciudad de Oruro terminó como una de las ciudades más desordenadas, sin soluciones estructurales para el tráfico y la vialidad, la congestión vehicular se agravó, el reordenamiento del transporte quedó inconcluso y no se consolidó una política integral de movilidad urbana acorde con el crecimiento de la ciudad.

En materia de seguridad ciudadana, la población tampoco percibió avances significativos en el ámbito de las competencias municipales, la prevención, la recuperación de espacios públicos y el apoyo a políticas integrales de seguridad continúan siendo demandas permanentes y pendientes de los vecinos.

Los problemas de limpieza urbana fueron otro reflejo de una administración extremadamente improvisada, la acumulación de basura en calles, avenidas, mercados y barrios generó permanentes reclamos ciudadanos y deterioró la imagen de la ciudad de Oruro, afectando además la salud pública y el medio ambiente.

También corresponde señalar el papel desempeñado por la Unidad de Auditoría Interna y las instancias de Transparencia durante ese periodo, frente a los numerosos cuestionamientos y denuncias públicas, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué acciones de control, prevención e investigación se realizaron y cuáles fueron sus resultados en el ultimo quinquenio, el control interno debe servir para proteger el patrimonio del Estado en este caso del municipio y garantizar una gestión transparente y eficiente.

La Ley N.º 1178 establece que toda administración pública debe actuar con legalidad, eficiencia, economía, transparencia y responsabilidad, estos principios no pueden quedar únicamente en el papel; deben reflejarse en cada decisión y en el manejo de cada recurso público.

Los orureños de ninguna manera exigen persecución política a la ex autoridad municipal, exige transparencia y eficiencia en el manejo de la cosa publica, no piden discursos, piden explicaciones, no busca confrontación, busca que la verdad salga a la luz y que, cuando corresponda, las responsabilidades sean establecidas conforme a la ley y los responsables asuman las mismas.

Oruro merece recuperar la confianza en sus instituciones, la verdad no debe incomodar a nadie y la transparencia nunca debe ser negociable, la ciudadanía tiene derecho a que los antecedentes de la anterior gestión municipal sean plenamente esclarecidos mediante auditorías técnicas, financieras, operativas y de cumplimiento, conforme a la Ley N.º 1178 y las demás normas vigentes, solo así será posible establecer, con objetividad y respeto al debido proceso, las responsabilidades que correspondan, proteger el patrimonio público y garantizar que nunca más la improvisación, la falta de planificación, el desorden administrativo y la ausencia de transparencia comprometan el futuro de nuestra ciudad, porque Oruro merece que sus recursos se administren con responsabilidad, honestidad y resultados, siempre al servicio de su pueblo.

* José Luis Toco
Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas