El carnaval de Oruro es más grande que cualquier autoridad o dirigente de turno

El Carnaval de Oruro no tiene dueños, pertenece a los ciudadanos, a todo un pueblo que durante generaciones ha construido, defendido y preservado una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de Bolivia, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, su grandeza no depende de una autoridad municipal ni de los dirigentes de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO). Es mucho más grande que todos ellos.

Es necesario recordar una verdad fundamental, las autoridades pasan, los directorios cambian, pero el Carnaval de Oruro permanece, ninguna persona, por mas importante que sea el cargo que desempeña, puede atribuirse la representación exclusiva de una manifestación cultural que pertenece a toda la ciudadanía.

El Carnaval es el resultado del esfuerzo colectivo de miles de danzarines, músicos, bordadores, artesanos, comerciantes, familias y ciudadanos que, año tras año, contribuyen a mantener viva nuestra identidad cultural, por tanto, su organización y administración no pueden convertirse en espacios reservados para unos cuantos ni desarrollarse al margen del conocimiento y la participación ciudadana.

Aquí surge una cuestión fundamental que merece una reflexión profunda, ¿quién controla los recursos económicos que genera el Carnaval de Oruro y cómo se informa a la ciudadanía sobre su utilización?

No estamos hablando de una celebración cualquiera, el Carnaval moviliza importantes actividades económicas relacionadas con graderías, espacios comerciales, publicidad, auspicios, servicios y otras operaciones vinculadas con su organización, por ello, resulta indispensable conocer con claridad cuánto se recauda, quién administra esos recursos, bajo qué mecanismos se contrata y cuál es su destino final.

La transparencia no puede limitarse a declaraciones públicas ni a informes generales que impidan conocer el detalle de las operaciones, las instituciones que administran recursos públicos deben rendir cuentas conforme a la normativa vigente, mientras que las organizaciones privadas involucradas deben transparentar los recursos y compromisos sujetos a obligaciones legales, contractuales o de interés colectivo.

Oruro necesita una rendición de cuentas seria, documentada y verificable sobre la organización del Carnaval, corresponde promover una revisión integral de los ingresos, gastos, contratos y convenios de las instituciones involucradas, respetando las competencias legales de cada entidad, en el caso de los recursos municipales, deben activarse los mecanismos de fiscalización y auditoría gubernamental que correspondan.

Esta revisión debería abarcar también las gestiones anteriores, la transparencia no puede ser selectiva ni concentrarse únicamente en una administración, si realmente queremos fortalecer nuestro patrimonio cultural, debemos conocer cómo se ha administrado durante los últimos años y qué medidas deben adoptarse para corregir posibles deficiencias.

No se trata de desacreditar a las instituciones ni de desconocer el trabajo de quienes contribuyen a organizar el Carnaval, se trata de comprender que administrar una manifestación cultural de semejante importancia constituye una responsabilidad ante la sociedad, no un privilegio personal o institucional.

Tampoco debemos confundir la defensa de nuestras tradiciones con la defensa incondicional de determinadas autoridades o dirigentes, el respeto al Carnaval no significa guardar silencio frente a la falta de información, por el contrario, exigir transparencia es una forma legítima de protegerlo.

La ciudadanía orureña tiene derecho a preguntar, solicitar información, fiscalizar los recursos públicos y exigir explicaciones sobre las decisiones que comprometen el presente y el futuro de nuestro patrimonio, ninguna autoridad debería interpretar estas exigencias como ataques personales, porque la rendición de cuentas constituye un principio esencial de toda gestión responsable.

El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la ACFO y las demás instituciones vinculadas con la organización del Carnaval deberían impulsar mecanismos permanentes de información pública, coordinación institucional y participación ciudadana, la publicación de informes económicos, contratos y resultados de fiscalización, dentro del marco legal aplicable, contribuiría a fortalecer la confianza de la población.

El Carnaval de Oruro no puede ser administrado como si fuera patrimonio exclusivo de quienes circunstancialmente ocupan cargos de dirección, su verdadera fortaleza está en el pueblo, en la devoción a la Virgen del Socavón, en sus tradiciones y en la participación de generaciones de orureños.

Por eso, el debate de fondo no debería centrarse en quién tiene mayor poder dentro de su organización, sino en cómo garantizar una administración transparente, participativa y comprometida con la preservación de nuestro patrimonio cultural.

Ha llegado el momento de comprender que la grandeza del Carnaval también debe reflejarse en la calidad de sus instituciones, en la honestidad de sus administradores y en su disposición a rendir cuentas.

El Carnaval de Oruro es de los ciudadanos, es más grande que cualquier autoridad de turno y los ditigentes dd turno, nadie está por encima de este patrimonio colectivo ni debe sentirse exento de explicar sus decisiones.

Porque defender el Carnaval no significa defender cargos, personas o intereses particulares, significa defender nuestra historia, nuestra cultura, nuestra fe y el derecho de los orureños a conocer cómo se administra aquello que pertenece a su identidad colectiva.

Las autoridades pasan, los dirigentes pasan, pero el Carnaval de Oruro y su pueblo permanecen y un patrimonio de semejante grandeza merece, por encima de todo, transparencia, respeto y rendición de cuentas.

* José Luis Toco
Exviceministro de Altas Tecnologías Energéticas