Ficha informativa
El juez federal Rossie Alston Jr. validó las pruebas contra Sebastián Marset, quien enfrentará un juicio en Virginia el 11 de enero de 2027. La defensa intentó anular las evidencias, pero el tribunal desestimó sus reclamos.
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Contexto:
Marset fue capturado en Bolivia y enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína. La defensa argumentó violaciones a los derechos Miranda durante su interrogatorio por parte de la DEA. El juez concluyó que no hubo coacción ni violaciones constitucionales.
La defensa busca excluir mensajes cifrados de Sky Global, mientras que la Fiscalía quiere incorporar comunicaciones interceptadas y documentación sobre presuntos sobornos pagados por Marset a funcionarios en varios países.
Por qué importa:
El juicio podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo en la región, además de afectar las relaciones entre Estados Unidos y los países involucrados en la investigación.
Datos clave:
- Fecha del juicio: 11 de enero de 2027
- Fecha de captura: 13 de marzo de 2026
- Posible condena máxima: cadena perpetua
- Monto en criptomonedas: aproximadamente 3,96 millones de dólares
- Cantidad de teléfonos celulares confiscados: 23
- Cantidad de iPads confiscados: 2
- Cantidad de computadoras confiscadas: 1 MacBook
- Carga de cocaína invertida: unas 10 toneladas
Juicio de Sebastián Marset en EE. UU.
El ciudadano uruguayo Sebastián Marset enfrentará un juicio con jurado en el Estado de Virginia, Estados Unidos, programado para el 11 de enero de 2027. La medida se confirmó luego de que el juez federal Rossie Alston Jr. rechazara los recursos presentados por la defensa para anular las pruebas físicas y las declaraciones obtenidas tras su captura en Santa Cruz, Bolivia, el 13 de marzo de 2026. De ser hallado culpable, el acusado podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua por los cargos que se le imputan, según informó El Deber.
Decisión del juez sobre las pruebas
De acuerdo con el fallo judicial del magistrado Rossie Alston Jr., al que tuvo acceso El Deber, el tribunal desestimó los reclamos de los abogados defensores. La defensa argumentó que los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) vulneraron los derechos Miranda de Marset al interrogarlo sin la presencia de un abogado en territorio boliviano. No obstante, el juez concluyó que el Gobierno estadounidense demostró que no existió coacción ni violación de garantías constitucionales, validando así las evidencias para el proceso penal.
Pruebas incautadas en Bolivia
Entre los elementos probatorios que se mantendrán en el expediente figuran 23 teléfonos celulares, dos iPads y una computadora MacBook confiscados durante el operativo en Bolivia y entregados posteriormente a agentes de Estados Unidos. Según documentos presentados por la Fiscalía estadounidense, Marset reconoció la propiedad de algunos de estos equipos, facilitó las contraseñas de acceso y autorizó a los investigadores a revisar el contenido almacenado en los dispositivos.

Hallazgos financieros y declaraciones de Marset
Uno de los hallazgos centrales detallados por los fiscales fue la detección de tres teléfonos con tres billeteras digitales que acumulaban aproximadamente 3,96 millones de dólares en criptomonedas. Los fondos estaban distribuidos en una billetera con alrededor de 1,5 millones de dólares, otra con 1,43 millones y una tercera con aproximadamente 1,03 millones. Según el relato fiscal, Marset admitió que ese dinero procedía del tráfico de cocaína en Bolivia.
Narcoterrorismo y conspiración
Asimismo, declaró que prefería reinvertir el resto de sus ganancias en la compra de droga y afirmó tener recursos invertidos en unas 10 toneladas de cocaína en territorio boliviano, aunque el expediente judicial no precisa la ubicación de ese cargamento ni registra su decomiso. Las declaraciones atribuidas a Marset en los documentos oficiales también exponen el alcance de las redes delictivas en la región. El uruguayo señaló que el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que ingresaban a Bolivia.
Colaboración con organizaciones criminales
Por su parte, la acusación sostiene que la organización liderada por Marset operaba en conjunto con el PCC y el Clan del Golfo de Colombia para acopiar cocaína en Bolivia, Perú y Colombia, enviándola hacia mercados europeos a través de puertos de Brasil, Paraguay y Uruguay. El proceso judicial aborda delitos graves de índole transnacional, incluyendo el narcoterrorismo término legal que en este contexto alude a la conspiración para cometer actos de terrorismo vinculados al tráfico de drogas a gran escala con el fin de financiar o apoyar actividades ilícitas internacionales.
Cargos adicionales y solicitudes probatorias
Aunque la causa contra Marset inició con cargos por lavado de dinero, la Fiscalía amplió la acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para traficar cocaína en embarcaciones bajo jurisdicción estadounidense. La posible imposición de la cadena perpetua no es automática, ya que dependerá del veredicto del jurado y de la sentencia que dicte el magistrado.
Solicitudes probatorias antes del juicio
Previo al inicio del juicio, el tribunal federal aún debe resolver otras solicitudes probatorias de ambas partes, según detalló El Deber. Por un lado, la defensa de Marset busca excluir mensajes cifrados extraídos de la plataforma Sky Global. Por otro lado, la Fiscalía solicitó incorporar comunicaciones interceptadas y documentación sobre presuntos sobornos que el acusado habría pagado a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela para obtener información sobre investigaciones en curso, evadir operativos de captura y recibir alertas sobre reuniones entre la DEA y autoridades bolivianas.
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