Ficha informativa
Sebastián Marset denuncia irregularidades en su proceso judicial en EE. UU., acusando extorsión por parte de la DEA y solicitando garantías para un juicio justo.
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Contexto:
Marset fue condenado en 2013 por tráfico de marihuana y fundó el Primer Cartel Uruguayo (PCU) en 2018. En 2022, se le vinculó al asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci. En 2023, escapó de Bolivia tras secuestrar a dos policías. Fue capturado en marzo de 2026 y entregado a EE. UU. sin procesos locales.
Marset asegura que fue interrogado sin representación legal y amenazado durante el mismo. Acusa a sus abogados actuales de no denunciar irregularidades y menciona que el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff no tomó medidas tras ser informado sobre sus denuncias.
Por qué importa:
La denuncia de Marset podría detener su proceso penal en Virginia y debilitar causas judiciales en Bolivia, Paraguay y Uruguay al cuestionar la legalidad de su captura.
Datos clave:
- Fecha de la carta: 17 de junio de 2026
- Fecha de captura: 13 de marzo de 2026
- Hora de captura: 03:00 horas
- Cantidad involucrada en la extorsión: 4 millones de USDT
- Pena inicial arriesgada: hasta 20 años
Sebastián Marset se declara no culpable
El diario paraguayo ABC difundió una carta de cuatro páginas que Sebastián Marset envió al juez Alston, encargado de su proceso en Estados Unidos. En este documento, fechado el 17 de junio, el presunto narcotraficante denuncia una serie de supuestas irregularidades durante su detención y traslado desde Bolivia. Además, acusa a agentes de la DEA de extorsión y solicita garantías para acceder a un juicio justo.
Irregularidades en la detención
Marset afirma que el 13 de marzo de 2026 fue retirado de su vivienda en Bolivia a las 03:00 sin una orden de allanamiento ni de captura. Posteriormente, fue entregado directamente a agentes de la DEA, sin un procedimiento formal de extradición. Al llegar al aeropuerto de Dulles, en Estados Unidos, solicitó un abogado, pero su pedido fue ignorado y fue interrogado sin representación legal, lo que vulneró sus derechos garantizados por la Quinta y la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
Acoso y amenazas
Durante ese interrogatorio, Marset asegura que fue amenazado con no volver a ver a sus hijos y con pasar el resto de su vida en prisión si no colaboraba con las autoridades. Además, sostiene que el resumen oficial de esa entrevista fue alterado, incluyendo declaraciones que nunca realizó.
Extorsión por parte de la DEA
Uno de los señalamientos más graves apunta a dos agentes de la DEA, Michael Greisen y Tyler Ganzel, a quienes acusa de haber intentado obligarlo a entregar las claves de acceso a billeteras de criptomonedas que contenían alrededor de cuatro millones de USDT (Tether). Marset documenta que este supuesto intento de extorsión quedó registrado en mensajes enviados posteriormente a su madre mediante WhatsApp.
Cuestionamientos a sus abogados
También cuestiona el accionar de sus abogados actuales, quienes se habrían negado a denunciar estos hechos y a solicitar la exclusión del fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff del caso. Según sostiene, el fiscal fue informado de las denuncias el 19 de mayo, pero no adoptó ninguna medida. Además, afirma que Aminoff insistió en que aceptara un acuerdo de culpabilidad por hechos que, según su defensa, ocurrieron fuera del territorio estadounidense.
Solicitud al juez Alston
La carta incluye una solicitud al juez Alston para que ordene permitir el acceso inmediato de sus nuevos abogados y evitar cualquier contacto con los agentes de la DEA involucrados durante sus traslados para audiencias. Marset concluye su misiva afirmando: “No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para probarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un procedimiento justo”.
La carta de Marset al juez que podría condenarlo
A continuación la traducción estimativa de la carta de cuatro páginas que redactó Sebastián Marset en inglés.
. Estimado Juez Alston:Le escribo respetuosamente para llamar su atención sobre una serie de graves violaciones a mis derechos fundamentales que han ocurrido de manera continua desde el primer momento en que fui privado de mi libertad, y que creo requieren su conocimiento para asegurar un proceso justo.Los hechos comenzaron el 13 de marzo de 2026, cuando fui sacado de mi casa en Bolivia, a las 3:00 AM, sin una orden de allanamiento ni una orden de arresto, y sin ningún proceso formal de extradición.Ese día fui expulsado del país y entregado directamente a agentes de la DEA, en lo que constituye una entrega irregular que viola tratados internacionales y el principio de especialidad.El 14 de marzo, al llegar al aeropuerto de Dulles, solicité verbalmente un abogado y mi solicitud fue ignorada. Fui sometido a interrogatorio sin representación legal, en violación directa de mis derechos consagrados en la Quinta y Sexta Enmiendas.Durante ese interrogatorio, los agentes me amenazaron con no volver a ver a mis hijos y pasar el resto de mi vida en prisión si no cooperaba. Posteriormente, el resumen del interrogatorio fue falsificado: se registraron declaraciones que nunca hice y se registraron como aceptaciones negaciones que expresamente hice. Esto constituye una alteración fraudulenta de un documento oficial.De camino a mi lugar de detención ese mismo día, los agentes Michael Greisen y Tyler Ganzel exigieron que les proporcionara acceso a mis billeteras de criptomonedas, valoradas en aproximadamente 4 millones de USDT.(USDT quiere decir United States Dollar Tether, la criptomoneda conocida también como el dólar digital y que tiene casi el mismo valor que la moneda física de ese país.)Este intento de extorsión está documentado: los agentes posteriormente contactaron a mi madre, Sandra Fabiana Cabrera López, vía WhatsApp, desde el número +1 (929) 768-0292, solicitando fotografías de un cuaderno que contenía las claves de acceso a dichas billeteras. Estos mensajes se conservan y constituyen evidencia escrita directa de la conducta extorsiva.Mis abogados actuales se han negado a reportar estos hechos o a presentar acciones para remover al AUSA Anthony T. Aminoff del caso.(AUSA quiere decir Assistant United States Attorney, lo que en español sería la descripción del cargo de Fiscal Federal Adjunto. Anthony T. Aminoff es el fiscal federal adjunto que encabeza la investigación contra Marset.)El 19 de mayo de 2026, mis abogados notificaron formalmente al AUSA Aminoff sobre la conducta extorsiva de los agentes. El AUSA Aminoff no tomó ninguna medida al respecto, lo que constituye un encubrimiento activo en violación de sus obligaciones bajo las doctrinas Brady/Giglio y las normas de conducta profesional.Además, el AUSA Aminoff ha insistido persistentemente en que acepte un acuerdo de culpabilidad respecto a cargos sobre los cuales creo que Estados Unidos no tiene jurisdicción válida, dado que ninguna de las conductas alegadas ocurrió en territorio estadounidense, y ha amenazado con agregar nuevos cargos si no acepto dicho acuerdo.Ante la inacción de mis abogados, mi familia se vio obligada a presentar quejas formales ante el FBI, DOJ-OIG, DOJ-OPR y otros organismos federales de supervisión.(FBI quiere decir Federal Bureau of Investigation, que es la oficina federal de investigaciones de Estados Unidos y a la vez más famosa del mundo. DOJ-OIG se refiere a la Oficina de Inspectoría General del Departamento de Justicia. DOJ-OPR se refiere a la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia.)He intentado consultar a nuevos abogados, específicamente al Sr. Robert Feitel y la Sra. Sandi Rhee, que están cerca de ser contratados formalmente. Sin embargo, el US Marshal Timothy Alley ha impedido activamente que estos abogados se reúnan conmigo, en violación directa de mi elección, garantizada por la Sexta Enmienda, y reafirmada por la Corte Suprema de Estados Unidos.(Timothy Alley es un alguacil federal de Estados Unidos, miembro del U.S. Marshals Service, que a su vez es una agencia federal policial. Sería en la práctica el director de la cárcel donde está Marset.)Solicito respetuosamente que Su Señoría: En primer lugar, emita una orden inmediata que dirigida al Marshal Timothy Alley para permitir el acceso de mis nuevos abogados sin más demora.En segundo lugar, en caso de transferencias para audiencias u otros procedimientos, tome las medidas necesarias para garantizar que no tenga contacto con los agentes de la DEA involucrados en este caso, dado el riesgo que esto representa para mi seguridad e integridad.En tercer lugar, tome nota de la cadena de irregularidades documentadas aquí, las cuales serán objeto de la acción correspondiente una vez que mis nuevos abogados asuman mi representación.No soy culpable de los cargos que se me imputan y estoy preparado para probarlo. Mi único deseo es tener acceso a una representación legal adecuada y a un procedimiento justo.Confío en la independencia e imparcialidad de este tribunal para garantizar que se respeten mis derechos. Pido disculpas si este proceso causa algún retraso en los procedimientos. No obstante, es un paso necesario ya que mi libertad y mi vida están en juego. Quedo a su disposición para la audiencia que Su Señoría considere necesaria.Respetuosamente, Sebastián Enrique Marset Cabrera.
Cronología del caso Marset
- Inicios en prisión: En 2013 fue condenado en Uruguay por tráfico de marihuana.
- Liderazgo del PCU: Tras salir libre en 2018, fundó el Primer Cartel Uruguayo (PCU), coordinando el envío de más de 16 toneladas de cocaína a Europa desde Bolivia y Paraguay.
- Caso Pecci: En 2022 se le vinculó como el presunto autor intelectual del asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.
- Fuga de Bolivia: Vivía lujosamente en Santa Cruz bajo identidad falsa y escapó tras secuestrar temporalmente a dos policías.
Captura y proceso judicial
- La caída: El 13 de marzo de 2026, fue capturado en un megaoperativo en Santa Cruz.
- Entrega exprés a EE. UU.: Fue expulsado y entregado a la DEA sin enfrentar procesos locales.
- Acusación en Virginia: El Distrito Este le imputó cargos por conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero.
La denuncia presentada por Sebastián Marset transforma su caso en un escándalo geopolítico que pone en duda los métodos utilizados por las autoridades estadounidenses. Esta acusación busca detener su proceso penal en Virginia y amenaza con debilitar las causas judiciales en su contra en Bolivia, Paraguay y Uruguay al cuestionar la legalidad de su captura.
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