Ficha informativa
El 21 de mayo, un ataque armado en la aldea de Rigores, Honduras, dejó 20 jornaleros asesinados. Este episodio se enmarca en un contexto de creciente violencia entre bandas del crimen organizado en la región.
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Contexto:
Desde mayo de 2025, la violencia ha aumentado debido a disputas territoriales entre bandas criminales. Los pobladores expresan miedo y desconfianza hacia las instituciones públicas. Un campesino mencionó: “Aquí también callamos porque tenemos miedo a que los próximos muertos seamos nosotros”. La Policía Nacional tardó en llegar al lugar y los habitantes criticaron su falta de acción.
Los pobladores rechazaron la promesa del presidente Nasry Asfura sobre ‘cero impunidad’. Los jornaleros no desean la presencia policial por sospechas de complicidad con sicarios. Las organizaciones denunciantes piden un grupo especializado para investigar el caso con personal civil externo.
Por qué importa:
La masacre genera una crisis humanitaria y social en la comunidad. Hay desconfianza hacia el gobierno y las fuerzas del orden, así como temor a represalias. Las organizaciones agrarias denunciaron el hecho como un “crimen de lesa humanidad” y exigieron intervención internacional.
Datos clave:
- Fecha del ataque: 21 de mayo
- Número de víctimas: 20 jornaleros
- Lugar: Aldea de Rigores, departamento de Colón, Honduras
- Bandas involucradas: “Grupo del 8” y “Los Canechos”
- Tiempo de respuesta policial: Más de doce horas
Masacre en Honduras deja 20 jornaleros asesinados
El 21 de mayo, un ataque armado dejó un saldo trágico en la aldea de Rigores, ubicada en el conflictivo sector del Aguán, en el departamento de Colón, Honduras. Este episodio violento se produjo cuando grupos armados abrieron fuego de manera indiscriminada contra los trabajadores de la finca Paso Aguán. La masacre se inscribe en un contexto de violencia creciente que ha intensificado desde mayo de 2025.
Contexto de violencia y crisis humanitaria
Este recrudecimiento se debe a una disputa territorial entre dos bandas del crimen organizado: el “Grupo del 8”, dirigido por Harold Mejía, y “Los Canechos”, liderada por Nelson Castellanos, alias “El Canecho”. Ambas organizaciones han centrado sus ataques principalmente contra los campesinos de la aldea Panamá y comunidades cercanas, provocando una grave crisis humanitaria y social.
Indignación y miedo entre los pobladores
Los pobladores locales expresaron su indignación y miedo. Un campesino que perdió a varios familiares en la matanza comentó: “Aquí también callamos porque tenemos miedo a que los próximos muertos seamos nosotros. Ya llevamos decenas de compañeros muertos en los últimos 30 años”, según reportó la agencia EFE.
Tardía respuesta de las autoridades
Debido al temor a represalias fatales, pocas personas accedieron a testificar sobre lo ocurrido, haciéndolo bajo estricta condición de anonimato. Los habitantes criticaron la tardía respuesta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes tardaron más de doce horas en llegar a Rigores tras el crimen. Los primeros reporteros que llegaron al lugar constataron que un reducido contingente policial no tenía conocimiento sobre dónde se velaban los restos de las víctimas.
Desconfianza hacia las instituciones públicas
La desconfianza hacia las instituciones públicas es generalizada. Los pobladores rechazaron la promesa del Poder Ejecutivo de “cero impunidad”. El presidente Nasry Asfura aseguró que la masacre “no se va a quedar impune” y prometió enfrentar el problema con fuerza. Sin embargo, estas palabras no resonaron entre los labriegos. Un trabajador agrícola sentenció: “No le creemos al señor Asfura porque nadie ha venido a investigar”.
Sospechas sobre complicidad policial
Los jornaleros manifestaron su deseo de no ver a la Policía Nacional en sus tierras debido a sospechas persistentes sobre complicidad entre algunos miembros policiales y sicarios contratados por empresarios agroindustriales para infundir miedo y neutralizar demandas legítimas por tierras.
Denuncias de crimen de lesa humanidad
Las organizaciones Plataforma Agraria del Bajo Aguán y Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán denunciaron formalmente este crimen como un “crimen de lesa humanidad”. Ambas agrupaciones recordaron que llevan años alertando sobre el alto riesgo que enfrentan las familias campesinas debido a las operaciones impunes de estas bandas armadas.
Llamado a la acción y protección de derechos humanos
Denunciaron vínculos delictivos entre estas estructuras criminales, fuerzas de seguridad pública y grandes empresas agroindustriales. Exigieron urgentemente la creación de un grupo especializado para investigar el caso con personal civil externo y demandaron intervención inmediata de fuerzas capacitadas para proteger derechos humanos bajo monitoreo internacional.
La masacre cobró la vida de 20 jornaleros, incluyendo mujeres y menores de edad.
*Con información de EFE
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