Ficha informativa
La concejal Katerine Ochoa solicitó respaldo de archivos borrados que evidencian el uso indebido de bienes del Estado, generando tensiones en el Concejo Municipal de Oruro. La denuncia involucra a exfuncionarios cercanos al alcalde Iván Quispe.
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Contexto:
Ochoa denunció que su computadora contenía archivos proselitistas y de guerra sucia. Un exfuncionario borró estos archivos. El concejal José Flores apoyó la solicitud de Ochoa y pidió una investigación formal.
La concejal Nilda Fernández mencionó haber sido víctima de acoso político, mientras que Sara Olivera minimizó la solicitud de Ochoa, considerándola infundada. El presidente del Concejo, Samuel Mendizábal, se comprometió a investigar el acceso no autorizado a la computadora.
Por qué importa:
La situación podría derivar en un proceso penal por el uso indebido de bienes del Estado. La falta de acción podría llevar a un incumplimiento de deberes por parte del presidente del Concejo.
Datos clave:
- Fecha: 25 de marzo de 2026
- Lugar: Oruro
- Nombre de la concejal: Katerine Ochoa
- Nombre del alcalde: Iván Quispe
Tensión en el Concejo Municipal de Oruro
Este miércoles 25 de marzo, el Concejo Municipal de Oruro vivió momentos de tensión. La concejal Katerine Ochoa solicitó respaldo de archivos borrados de su computadora, argumentando que estos eran pruebas para un caso de uso indebido de bienes del Estado. Este presunto delito involucraba a exfuncionarios cercanos al exconcejal y actual alcalde electo, Iván Quispe.
Denuncia pública y reacciones encontradas
La solicitud de Ochoa generó diversas reacciones entre sus colegas, desatando intensas discusiones. Recientemente, la concejal denunció públicamente que la computadora que le asignaron contenía archivos con material proselitista y guerra sucia, utilizados durante la campaña electoral en los recientes comicios subnacionales.
Según Ochoa, un exfuncionario ajeno al Concejo ingresó a su oficina y eliminó estos archivos. Por ello, pidió un peritaje y respaldo de los documentos para formalizar su denuncia. El concejal José Flores respaldó su solicitud y exigió al presidente del Concejo, Samuel Mendizábal, que la entidad se constituya como denunciante e impulse la investigación correspondiente.
Delito grave y acusaciones cruzadas
Flores enfatizó que el uso de bienes del Estado para fines personales o políticos constituye un delito. Además, reveló que también fue víctima de ataques en redes sociales por parte del equipo de Quispe. “No puede ser que esa computadora haya sido utilizada con fines ajenos al Concejo”, expresó Flores, advirtiendo sobre posibles acciones legales si no se investiga adecuadamente.
Las declaraciones provocaron reacciones en la concejal Nilda Fernández, quien también denunció haber sufrido acoso político. Fernández sugirió que si se solicita una revisión de la computadora del exconcejal Quispe, debería hacerse una auditoría general en todas las computadoras del Concejo.
Opiniones divididas sobre la situación
No obstante, la concejal Sara Olivera minimizó la situación al calificarla como “temas de cocina”, cuestionando la validez de la solicitud de Ochoa.
Finalmente, tras prolongadas discusiones, Mendizábal aseguró que tomarán medidas para investigar el ingreso no autorizado a la computadora y afirmó: “Esto es un delito penal y la fiscalía tiene que actuar”. La situación continúa generando inquietud entre los miembros del Concejo y podría tener repercusiones legales significativas.
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