Ficha informativa
Se presentó un proyecto de ley que establece la responsabilidad civil por daños vandálicos a bienes del Estado y la Red Vial Fundamental en Bolivia, buscando proteger el patrimonio público y asegurar reparaciones efectivas.
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Contexto:
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) denunció daños en la infraestructura vial debido a movilizaciones sociales. Se han utilizado explosivos en la ruta Oruro-Cochabamba, generando un deterioro profundo. Las reparaciones no están contempladas en los presupuestos regulares.
El proyecto busca diferenciar entre el ejercicio legítimo de derechos constitucionales y actos violentos. Establece mecanismos técnicos para documentar y reclamar reparaciones económicas. La propuesta surge en un contexto de alta tensión social por bloqueos organizados por la Central Obrera Boliviana (COB) y otros sectores.
Por qué importa:
La ley propone un régimen de responsabilidad solidaria que incluye a autores intelectuales e instigadores. Se implementarán medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de las reparaciones económicas, afectando patrimonios personales y colectivos.
Datos clave:
- Proyecto de Ley Nº 496/2025-2026
- Autor: Diputado Manolo Rojas del Partido Demócrata Cristiano (PDC)
- Principios fundamentales: Protección del patrimonio del Estado, responsabilidad solidaria, autonomía de la vía jurisdiccional civil.
- Acciones vandálicas reportadas: Quema de llantas, encendido de fogatas, desmantelamiento de elementos de seguridad vial.
Nueva ley establece responsabilidad por daños vandálicos
Recientemente, se presentó un proyecto de ley que plantea la obligatoriedad de la reparación civil por todos los daños materiales ocasionados a los bienes del Estado y a la Red Vial Fundamental de carreteras del país. Esta normativa se aplicará siempre que los daños sean consecuencia directa de actos vandálicos, bloqueos o protestas violentas.
Detalles del Proyecto de Ley Nº 496/2025-2026
El Proyecto de Ley Nº 496/2025-2026 fue presentado por el diputado Manolo Rojas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y llegó formalmente al pleno de la Cámara de Diputados tras recibir aprobación previa en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Fundamentos de la normativa
Para estructurar su aplicación, el proyecto define un triple sustento jurídico basado en tres principios fundamentales:
- La protección estricta del patrimonio del Estado.
- La responsabilidad solidaria de los involucrados.
- La total autonomía e independencia de la vía jurisdiccional civil respecto de la acción penal que pudiera derivar de los mismos hechos.
La finalidad central de esta propuesta es salvaguardar el patrimonio público y la infraestructura vial, asegurar la reparación efectiva de los daños causados tanto a personas como a entidades afectadas, y brindar una protección jurídica real a las víctimas de estos hechos ilícitos. Además, el documento busca trazar una línea clara que diferencie el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de aquellos actos que caen en la violencia o la destrucción.
Mecanismos para documentar daños
Para ello, establece mecanismos técnicos y legales específicos que permitan documentar, cuantificar y reclamar formalmente la reparación económica. La urgencia de esta norma se fundamenta en las denuncias presentadas por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ha señalado que sectores sociales en movilización recurren al uso de explosivos para provocar el desprendimiento y caída de rocas en la estratégica ruta Oruro-Cochabamba.
Afectaciones a la infraestructura vial
Estas acciones incluyen:
- Quema de llantas.
- Encendido de fogatas directamente sobre la plataforma asfáltica.
- Desmantelamiento o movimiento de elementos de seguridad vial.
Dichas actividades generan un deterioro profundo en la infraestructura vial. Según reportes del Ministerio de Obras Públicas, estas afectaciones representan un perjuicio financiero directo y costos adicionales considerables para el Estado, ya que las reparaciones necesarias no se encuentran contempladas dentro de la programación regular ni en los presupuestos destinados a la conservación y mantenimiento de la Red Vial Fundamental.
Régimen de responsabilidad solidaria
Frente a este escenario, el proyecto propone un régimen de responsabilidad solidaria en movilizaciones. Este mecanismo estipula que la responsabilidad civil no se limitará a los autores materiales de los destrozos, sino que se extenderá solidariamente a:
- Autores intelectuales.
- Instigadores.
- Todos los miembros de los directorios de las organizaciones sociales que convoquen o ratifiquen públicamente las medidas de presión.
De este modo, todos ellos deberán responder económicamente con sus patrimonios personales y colectivos. Para garantizar que esta reparación integral se cumpla efectivamente, el proyecto estipula medidas cautelares inmediatas con solo presentar un Certificado de Cuantificación del Daño.
Acciones legales inmediatas
Entre las acciones legales inmediatas contempladas figuran:
- Anotación preventiva de bienes inmuebles y vehículos.
- Retención de fondos y congelamiento de cuentas bancarias a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
- Secuestro de bienes muebles o maquinaria pesada.
Estas disposiciones coactivas se mantendrán vigentes hasta que se realice la cancelación total del monto adeudado por los daños. Esta propuesta normativa surge en un contexto marcado por alta tensión social debido al bloqueo de caminos y movilizaciones organizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), diversos sectores campesinos y militantes afines a Evo Morales.
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