Ficha informativa
Seis montañas de La Paz sufren contaminación por minería ilegal, afectando el agua potable y el ecosistema del Lago Titicaca. Expertos advierten sobre graves consecuencias climáticas y económicas derivadas de esta actividad.
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Contexto:
Gonzalo Lora, consultor en ingeniería medioambiental, denunció la contaminación derivada de la minería ilegal. Los desechos contaminan ríos como Choqueyapu e Irpavi y afectan al embalse Hampaturi y la laguna Milluni. La Ley de Medio Ambiente (1333) es considerada obsoleta desde 1992.
Lora instó a la sociedad civil a organizarse y al Estado a fiscalizar estrictamente para evitar una crisis ambiental irreversible. Denunció complicidad institucional que invisibiliza delitos asociados a la minería.
Por qué importa:
La contaminación pone en riesgo los reservorios de agua potable para La Paz y El Alto. Se prevé una crisis hídrica que afectará el consumo humano y la seguridad alimentaria. Además, se consolida un poder económico que influye en decisiones políticas.
Datos clave:
- 6 montañas emblemáticas afectadas: Huayna Potosí, Condoriri, Illampu, Ancohuma, Illimani y Mururata.
- 30% aumento en la evaporación del Lago Titicaca proyectado.
- 4 a 6 grados de incremento en la temperatura local para finales de siglo.
- 3.000 millones de dólares facturados por exportación de oro en 2022.
- 95% de las ganancias quedaron en manos de cooperativas mineras.
- Población boliviana representada por el sector minero: 1,2%.
- Crecimiento de cooperativas mineras: de 14 en 1960 a más de 2.400 en 2021.
Seis de las montañas más emblemáticas del departamento de La Paz sufrieron contaminación debido a la minería ilegal. Gonzalo Lora, consultor en ingeniería medioambiental, denunció que los nevados Huayna Potosí, Condoriri, Illampu, Ancohuma, Illimani y Mururata presentan niveles críticos de polución.
Esta situación se origina en las zonas altas y desciende hacia las cuencas, poniendo en riesgo los reservorios que abastecen de agua potable a las ciudades de La Paz y El Alto.
Impacto en la red hídrica
La contaminación no se limita a las cumbres, sino que se extiende a través de una red hídrica afectada por metales pesados como mercurio, cadmio, plomo y cobre. Lora advirtió que el drenaje ácido de mina afecta a los ríos Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Karpani y Kallapa. Además, impacta el embalse de Hampaturi y la laguna de Milluni. Estos desechos minerales y químicos, procesados en zonas como Viacha con el uso de cianuro, drenan finalmente hacia el Lago Titicaca.
Consecuencias climáticas y hídricas
El experto alertó sobre las graves consecuencias climáticas de esta actividad. La degradación de los glaciares y la contaminación ambiental podrían incrementar la temperatura local entre cuatro y seis grados para finales de siglo.
Este fenómeno provocaría un aumento del 30% en la evaporación del agua en el Lago Titicaca, pasando de dos metros actuales a más de dos metros y medio. Esta pérdida acelerada compromete la disponibilidad de agua para el consumo humano, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad industrial.
Desigualdad económica en la minería
En cuanto al panorama económico, Lora cuestionó la asimetría en la distribución de la riqueza minera. De los aproximadamente 3.000 millones de dólares facturados por la exportación de oro en 2022, el 95% quedó en manos de cooperativas mineras que representan apenas al 1,2% de la población boliviana.
Este sector ha crecido exponencialmente: pasó de 14 cooperativas registradas en 1960 a más de 2.400 en 2021. Esto consolida un poder económico que les permite influir en decisiones políticas y gozar de impunidad ante normativas vigentes.
Llamado a la acción
Lora calificó como “obsoleta” la actual Ley de Medio Ambiente (1333), argumentando que desde 1992 se ha convertido en un mero trámite administrativo que no protege efectivamente el territorio. Denunció una complicidad institucional que invisibiliza delitos asociados a la minería, como el tráfico de personas y el trabajo infantil.
Ante este escenario, instó a la sociedad civil a organizarse y al Estado a asumir un rol fiscalizador estricto para evitar que la degradación de los recursos naturales se convierta en una crisis irreversible.
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