Ficha informativa
La Defensoría del Pueblo exige investigar la violencia en San Julián tras los enfrentamientos del 6 de junio, que dejaron 33 heridos, y hace un llamado a priorizar el diálogo para evitar más violencia.
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Contexto:
Los enfrentamientos ocurrieron durante un operativo conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para desbloquear una carretera obstruida por manifestantes. La Defensoría del Pueblo recordó principios internacionales sobre el uso de la fuerza y advirtió sobre la presencia de grupos paraestatales en el conflicto.
La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación en San Julián, cumpliendo con su mandato constitucional como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”.
Por qué importa:
Se exige al Ministerio Público una investigación inmediata. La tolerancia hacia grupos paraestatales representa un riesgo para la paz social y la estabilidad democrática. Se hace un llamado a evitar una escalada de violencia y priorizar el diálogo.
Datos clave:
- Fecha: 6 de junio
- Lugar: San Julián, Santa Cruz
- Total de heridos: 33
- Civiles heridos: 26
- Efectivos policiales heridos: 7
- Civiles con lesiones leves y moderadas: 24
- Civiles internados por gravedad: 2
- Policías con heridas por armas de fuego: 4
- Policía en estado crítico: 1 (impacto en la cabeza)
La Defensoría del Pueblo exige investigar violencia en San Julián
En el municipio de San Julián, departamento de Santa Cruz, se registraron enfrentamientos el sábado 6 de junio. Estos hechos ocurrieron durante un operativo conjunto de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo era desbloquear una carretera estratégica obstruida por manifestantes. Según información oficial verificada en el terreno, los enfrentamientos dejaron un saldo total de 33 personas heridas.
Detalles de los heridos
El grupo de heridos se compone de:
- 26 civiles
- 7 efectivos policiales
De los civiles, 24 presentaron lesiones leves y moderadas, recibiendo atención médica y siendo dados de alta prontamente. Sin embargo, dos personas requirieron internación para intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus cuadros; una de ellas sufrió el impacto de una herida de bala. Por otro lado, entre los siete policías lesionados, cuatro recibieron atención urgente por heridas provocadas por armas de fuego. Uno de estos uniformados, que recibió un impacto en la cabeza, se encuentra en estado crítico en una unidad de terapia intensiva.
Principios internacionales y derechos humanos
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo recordó que toda actuación del Estado boliviano en contextos de alta conflictividad social debe regirse por principios internacionales como legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. La institución enfatizó que el fin supremo debe ser garantizar la protección de la vida y la integridad física de las personas.
Advertencias sobre el derecho a protestar
Asimismo, se advirtió a los manifestantes que los estándares del derecho internacional no protegen el ejercicio del derecho a protestar cuando hay actos claros de violencia extrema que atentan contra terceros. La situación es más grave debido a la constatación de actores paraestatales y grupos organizados en el conflicto. También se verificó el uso flagrante de armas de fuego y artefactos explosivos por parte de los manifestantes.
Exigencias a las autoridades
La Defensoría exigió al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata y transparente para esclarecer los hechos e identificar responsabilidades penales individuales. En concordancia con recomendaciones previas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), se recordó que es fundamental evitar cualquier tipo de estímulo a estas conductas.
Peligros del financiamiento ilegítimo
Las autoridades deben actuar con celeridad para prevenir la organización y financiamiento ilegítimo de civiles autoproclamados como fuerzas de seguridad. La tolerancia hacia grupos paraestatales representa un riesgo para la paz social y la estabilidad democrática del país.
Llamado al diálogo y monitoreo continuo
Finalmente, se hizo un llamado urgente a todos los actores involucrados para evitar una mayor escalada de violencia, priorizando canales de diálogo para alcanzar resoluciones pacíficas y asegurando protección a la población civil afectada. La Defensoría continuará monitoreando permanentemente la situación en San Julián, cumpliendo con su mandato constitucional como Institución Nacional de Derechos Humanos con estatus “A”.
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