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Gobierno destraba 4.000 contratos mineros en áreas protegidas

BALSAS AURIFERAS
Embarcaciones utilizadas para la extracción aluvial de oro, un proceso que involucra la succión de agua y sedimentos del fondo del río • CFCE
La nueva normativa minera en Bolivia busca regularizar derechos, pero genera preocupaciones sobre el medio ambiente

Ficha informativa

Bolivia presentó el 17 de junio de 2026 una nueva normativa minera para regularizar trámites pendientes desde hace más de ocho años, generando preocupaciones ambientales sobre su impacto en territorios indígenas y áreas protegidas.

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Contexto:

La Ley N° 535 fue promulgada en 2014, obligando a migrar concesiones mineras al modelo actual. Entre 2015 y 2025, cerca de 4.000 carpetas cooperativistas quedaron paralizadas. En abril de 2026, se rompió el diálogo entre Fencomin y el gobierno. En mayo, ocurrieron enfrentamientos que llevaron a un acuerdo con el Gobierno para reactivar reglamentos flexibles.

El nuevo Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros Simplificado busca regularizar antiguos derechos mineros reconocidos antes de la Ley 535. El Ministerio sostiene que otorgará seguridad jurídica a operadores estatales, privados y cooperativos. La Licencia Ambiental sigue siendo un requisito obligatorio según la Ley 1333 y la Ley 535.

Por qué importa:

La normativa ha generado críticas por la falta de mención explícita de la Licencia Ambiental y la Consulta Previa, Libre e Informada. La Copdeapbo advirtió sobre el impacto potencial en áreas protegidas y pueblos indígenas, con derechos mineros superpuestos en áreas protegidas.

Datos clave:

  • 4.000: Derechos mineros preconstituidos reactivados para explotación exprés.
  • 250: Concesiones mineras cooperativistas superpuestas dentro reservas ecológicas nacionales.
  • 15: Áreas protegidas nacionales afectadas por esta normativa.
  • 6 meses: Plazo máximo para concluir trámites de adecuación e iniciar operaciones.
  • 14 de mayo: Fecha del enfrentamiento clave en La Paz y firma del acuerdo posterior.
Gobierno destraba 4.000 contratos mineros en áreas protegidas
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Nueva normativa minera en Bolivia

El Gobierno presentó una nueva normativa minera que busca regularizar trámites pendientes desde hace más de ocho años. Esta medida generó preocupaciones entre organizaciones ambientales sobre sus posibles efectos en territorios indígenas y zonas de conservación.

Según información oficial, el nuevo Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros Simplificado tiene como objetivo regularizar antiguos derechos mineros reconocidos antes de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.

MINERIA
Reunión interinstitucional para coordinan acciones para fortalecer el control y cumplimiento ambiental en el sector minero • MM Y M

Aspectos destacados del reglamento

  • La regularización incluye Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), contratos de arrendamiento sobre áreas de reserva fiscal y otros derechos previamente reconocidos.
  • El Ministerio de Minería sostiene que la medida otorgará seguridad jurídica a operadores estatales, privados y cooperativos.
  • No obstante, la normativa ha generado críticas debido a la falta de mención explícita de la Licencia Ambiental y la Consulta Previa, Libre e Informada en el procedimiento simplificado.

El Ministerio aclaró que la Licencia Ambiental sigue siendo un requisito obligatorio según la Ley 1333 de Medio Ambiente y la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Además, recordó que la consulta previa es un derecho reconocido por la Constitución Política del Estado y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Impacto en áreas protegidas

La Comisión Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia (Copdeapbo) advirtió sobre el impacto potencial del reglamento en áreas protegidas y pueblos indígenas. Se identificaron 250 derechos mineros superpuestos en 15 de las 24 áreas protegidas nacionales del país. La organización también destacó que ninguno de esos derechos corresponde a derechos preconstituidos anteriores a la creación de las áreas protegidas.

Antecedentes de la resolución

  • La promulgación de la Ley N° 535 en 2014, que obligó a migrar concesiones mineras al modelo actual.
  • Un prolongado “Viacrucis” burocrático entre 2015 y 2025, donde cerca de 4.000 carpetas cooperativistas quedaron paralizadas.
  • La ruptura del diálogo entre Fencomin y el gobierno en abril de 2026 debido a la falta de avances.
  • Enfrentamientos en las calles en mayo que llevaron a un acuerdo con el Gobierno para reactivar reglamentos flexibles.

Datos clave del conflicto

  • 4.000: Derechos mineros preconstituidos reactivados para explotación exprés.
  • 250: Concesiones mineras cooperativistas superpuestas dentro reservas ecológicas nacionales.
  • 15: Áreas protegidas nacionales afectadas por esta normativa.
  • 6 meses: Plazo máximo para concluir trámites de adecuación e iniciar operaciones.
  • 14 de mayo: Fecha del enfrentamiento clave en La Paz y firma del acuerdo posterior.

El Ministerio también informó que coordina con el Viceministerio de Medio Ambiente y Agua para fortalecer mecanismos ambientales dentro del sector minero. A pesar de las críticas, se sostiene que el reglamento regula procedimientos administrativos sin modificar obligaciones ambientales ni derechos constitucionales vigentes.

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¿Por qué ha generado preocupaciones la nueva normativa presentada por el Gobierno?

  • Porque busca aumentar la producción minera sin restricciones.
  • Porque podría afectar territorios indígenas y zonas de conservación.
  • Porque elimina la necesidad de licencias ambientales.
  • Porque no incluye a las organizaciones ambientales en su elaboración.
©2026 Editorial La Patria Ltda.
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Relaciones causa–efecto

Instrucciones: Identifica cada causa y relaciónala con su efecto correspondiente, según lo expuesto en la nota.
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Causas:

La promulgación de la Ley N° 535 en 2014 obligó a migrar concesiones mineras al modelo actual.
El prolongado 'Viacrucis' burocrático entre 2015 y 2025 dejó paralizadas cerca de 4.000 carpetas cooperativistas.
La ruptura del diálogo entre Fencomin y el gobierno en abril de 2026 generó un aumento de tensiones sociales.
Los enfrentamientos en las calles en mayo llevaron a un acuerdo con el Gobierno para reactivar reglamentos flexibles.

Efectos:

Se busca regularizar trámites mineros pendientes desde hace más de ocho años.
Se han reactivado derechos mineros preconstituidos para explotación exprés.
Se incrementaron las críticas sobre el impacto ambiental de la normativa.
Se establecieron plazos máximos para concluir trámites de adecuación e iniciar operaciones.
©2026 Editorial La Patria Ltda.
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