Ficha informativa
La Gobernación de Oruro promulga la Ley Departamental 183/2026 de Austeridad, que busca optimizar recursos y generar un ahorro anual de entre 5 y 7 millones de bolivianos ante una situación financiera crítica.
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Contexto:
El gobernador Edgar Sánchez mencionó que las medidas responden a la situación financiera crítica de la institución. El ahorro proyectado equivaldría a la construcción de hasta dos centros de salud. La ley fue aprobada tras informes técnicos y legales que advierten compromisos asumidos en gestiones anteriores que superaron la capacidad económica disponible.
Se prohíben nuevos alquileres de inmuebles, se eliminan líneas corporativas de telefonía móvil, se restringe la compra de equipos y mobiliario, y se limitan los viajes oficiales. La galería del edificio gubernamental será convertida en un espacio para promover el arte y cultura orureña.
Por qué importa:
La ley busca reducir gastos operativos y optimizar recursos, lo que podría impactar en la reducción del personal eventual y en la implementación de un sistema obligatorio de gestión por resultados. Además, se promoverá el uso de trámites digitales y reuniones virtuales.
Datos clave:
- Nombre de la norma: Ley Departamental 183/2026
- Ahorro anual estimado: entre 5 y 7 millones de bolivianos
- Reducción del presupuesto para personal eventual: hasta el 50%
- Plazo para identificar cargos duplicados: 90 días
Gobernación promulga ley de austeridad en Oruro
El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, promulgó la Ley Departamental 183/2026 de Austeridad. Esta norma establece restricciones al gasto público, reduce las contrataciones eventuales y busca recuperar bienes patrimoniales. Su objetivo es optimizar recursos y generar un ahorro anual estimado entre 5 y 7 millones de bolivianos.
Medidas ante la situación financiera
La autoridad señaló que las medidas responden a la situación financiera de la institución y a la necesidad de reducir una estructura administrativa excesiva. Según explicó, el ahorro proyectado equivaldría a la construcción de hasta dos centros de salud.
Disposiciones clave de la ley
- Reducción de hasta el 50% del presupuesto destinado a personal eventual y consultores.
- Exclusión de áreas críticas como salud, educación, gestión de riesgos y recaudaciones.
- Identificación de cargos duplicados o redundantes en un plazo de 90 días.
Sistema de gestión por resultados
La norma también incorpora un sistema obligatorio de gestión por resultados para los servidores públicos. Cada repartición deberá implementar una programación semanal y diaria de actividades. El incumplimiento injustificado de metas o la entrega de productos deficientes podrá derivar en procesos de desvinculación.
Recuperación de bienes patrimoniales
Otro eje central es la recuperación de bienes patrimoniales que actualmente se encuentran bajo uso o posesión de particulares. Sánchez mencionó como ejemplo el vivero forestal ubicado en la zona 24 de Junio, donde se habrían registrado avasallamientos debido a la falta de resguardo de la propiedad pública.
Prohibiciones para reducir gastos operativos
La ley establece una serie de prohibiciones para reducir gastos operativos. Entre ellas figuran:
- Suspensión de nuevos alquileres de inmuebles para oficinas.
- Eliminación de líneas corporativas de telefonía móvil.
- Restricción en la compra de equipos y mobiliario.
- Limitación en los viajes oficiales, que deberán realizarse preferentemente por vía terrestre.
Cero papel y trámites digitales
En materia administrativa, se dispone la implementación de una política de “cero papel”, promoviendo el uso de trámites digitales, firmas electrónicas y reuniones virtuales para disminuir costos de funcionamiento.
Espacios públicos para arte y cultura
Como parte de las acciones para recuperar espacios públicos, el gobernador anunció que la galería y pasillos del edificio de la Gobernación, ubicados frente a la plaza 10 de Febrero, serán convertidos en un espacio permanente para la promoción del arte y la cultura orureña.
Aprobación tras informes técnicos
La norma fue aprobada tras informes técnicos y legales que advierten que los compromisos asumidos en gestiones anteriores habrían superado la capacidad económica disponible para la presente gestión y los próximos años. Esta situación motivó la adopción de medidas de disciplina fiscal y racionalización del gasto público.
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