Seis decretos del Gobierno abordan asistencia social y economía

El Gobierno promulgó una serie de decretos supremos destinados a introducir importantes cambios en el ámbito social y económico del país. En total, se trata de seis normas identificadas con los números 5745, 5746, 5747, 5748, 5749 y 5750 que establecen nuevos mecanismos de control, medidas de apoyo a sectores vulnerables, ajustes de costos y procedimientos administrativos orientados a modernizar la gestión pública.

En materia de asistencia social, el Decreto Supremo 5745 establece un esquema de apoyo económico directo para los hijos e hijas huérfanos a causa de feminicidios. A través de esta medida, los beneficiarios recibirán un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional. Adicionalmente, se garantiza el acceso a servicios esenciales de salud y educación, mientras que los menores de cinco años contarán de manera complementaria con la entrega de un paquete alimentario.

Respecto a la economía familiar y energética, el Decreto Supremo 5746 dispone mantener congelado el precio final del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en garrafas, fijando el costo al consumidor en Bs 22,50. Para evitar que las variaciones de costos se trasladen a la población, el Gobierno modificó las disposiciones del Decreto Supremo 5534 reajustando los márgenes y descuentos en la cadena de comercialización. En el caso del GLP producido en plantas, se aplica un descuento de Bs 1,19 por kilogramo, un margen mayorista de Bs 0,75 y un margen minorista de Bs 0,90, más IVA. Para el producto derivado de refinerías, se determinó un descuento de Bs 1,53 por kilogramo con el propósito de sostener un precio de venta de Bs 2,25 por kilogramo. Las diferencias resultantes destinadas a sostener la garrafa de 10 kilogramos serán compensadas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mediante Notas de Crédito Fiscal (Nocres).

Para la implementación operativa, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías dispone de 10 días hábiles para aprobar la metodología de actualización de márgenes, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de 15 días hábiles para reglamentar la verificación de costos.

En el sector minero e informal, el Decreto Supremo 5747 fija la obligación para los exportadores de oro de demostrar el ingreso a sus cuentas bancarias nacionales del 80% del valor computable de sus operaciones anteriores para obtener el Formulario Único de Exportación M-03, emitido por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). Esta medida busca captar divisas sin limitar la libertad de exportar, facultando al Ministerio de Economía a ajustar dicho porcentaje mediante resolución ministerial. Asimismo, la norma abroga el Decreto Supremo 5076 de 2023, eliminando la obligación del Banco Central de Bolivia (BCB) de comprar oro ligada al anterior esquema de certificados y eximiendo a la Aduana Nacional de solicitar dicho documento. Para la primera venta al exterior, los operadores podrán tramitar el formulario M-03 sin acreditar divisas de forma previa, exigencia que sí aplicará para despachos posteriores. El Senarecom remitirá informes mensuales al BCB y al Ministerio de Economía, instancia que evaluará los resultados cada trimestre.

En el ámbito tributario e incentivos al comercio exterior, el Decreto Supremo 5748 moderniza la devolución impositiva a exportadores mediante la digitalización del Certificado de Devolución Impositiva (Cedeim), mecanismo utilizado para el pago de deudas tributarias. La normativa introduce un modelo de gestión de riesgos dentro del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la creación de un Comité especializado y un registro de proveedores vinculados con facturación apócrifa o simulada. Además, excluye del beneficio del Gravamen Arancelario a las exportaciones bajo el régimen Ritex. Se establecen tres modalidades de devolución:

La regular (sin garantía pero sujeta a fiscalización previa del SIN)

La inmediata (que requiere garantía bancaria o póliza con auditoría posterior)

El presupuesto anual asignado se distribuirá en un 50% para la modalidad expedita o resoluciones firmes, 30% para la regular y 20% para la inmediata. Las solicitudes contarán con 10 días para la calificación de facturas y hasta 180 días para su tramitación. Está prevista la entrada en vigencia plena del decreto para el 1 de junio de 2027.

Para la lucha contra la corrupción en la administración pública, el Decreto Supremo 5749 institucionaliza un procedimiento para canalizar denuncias sobre cobros ilegales, extorsión, concusión y exacciones atribuidos a servidores o exservidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana. El Viceministerio de Transparencia asumirá la recepción y procesamiento de los casos a través de sus oficinas físicas o mediante una plataforma digital que se habilitará en un plazo máximo de cinco días hábiles. La norma garantiza la reserva de identidad del denunciante mediante la asignación de un código alfanumérico confidencial, sancionando penalmente el acceso no autorizado de terceros. Dicha protección podrá revocarse únicamente si se demuestra que la denuncia es falsa o fue planteada con manifiesta mala fe.

La recepción de los trámites no suspenderá plazos procesales ni interferirá en las competencias judiciales, permitiendo derivar antecedentes a unidades de transparencia, tribunales disciplinarios o al Ministerio Público.

Finalmente, el Decreto Supremo 5750 actualiza las fórmulas de cálculo de tarifas y precios máximos del sector eléctrico para garantizar estabilidad frente a las variaciones del tipo de cambio y otros indicadores macroeconómicos. Las fórmulas emplearán formalmente el Tipo de Cambio Oficial (TCO) determinado por el BCB. Además, incorporarán las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la fluctuación de los precios de los combustibles. Los ajustes alcanzan los componentes de generación, transmisión y distribución de electricidad.

En el segmento de transmisión se indexarán semestralmente los costos de inversión, operación, mantenimiento y administración. En distribución se reajustan los cargos por consumidor, potencia y energía, fijando metas de eficiencia en pérdidas. Por su parte, la valoración de activos en moneda extranjera adoptará el promedio del TCO de los últimos 365 días calendario. En noviembre de cada año, el Comité Nacional de Despacho de Carga reliquidará las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista tras recalcular las potencias firmes. En caso de que el IPC del mes correspondiente no se encuentre publicado al momento de la indexación, se aplicará de forma directa el último incremento disponible de dicho indicador.

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