Sánchez: Bolivia pasa de una autonomía de papel a una de verdad

Un consenso histórico para la reconfiguración económica

En la víspera de las celebraciones patrias del 6 de agosto, las nueve gobernaciones de Bolivia y el Gobierno Nacional alcanzaron un histórico consenso para la reconfiguración económica de las regiones. El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, calificó el encuentro como un punto de quiebre definitivo respecto al modelo centralista que rigió en el país por décadas. Este acuerdo marca el inicio de una descentralización efectiva a través del esquema de redistribución tributaria denominado “50/50”.

Detalles del encuentro en Sucre

La reunión de altas autoridades se celebró en la Casa de la Libertad en Sucre el miércoles 5 de agosto, con la presencia del Presidente del Estado, Rodrigo Paz, y su gabinete ministerial. La cita concluyó con la firma de un acuerdo que incluye varios puntos clave. Entre los compromisos aprobados destaca la incorporación gradual de las gobernaciones a la coparticipación tributaria a partir del Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Esto busca equilibrar de manera equitativa la administración de los recursos del país.

Impacto en el desarrollo territorial

Sánchez ponderó el impacto que tendrá este acuerdo para el desarrollo territorial, asegurando que se da un paso contundente desde los discursos formales hacia hechos concretos para las regiones. En sus palabras: “Hemos hecho una histórica reunión entre todos los gobernadores, nueve, más el presidente y todo su gabinete ministerial, donde el punto más importante es que se está dejando de lado el estado central (…) Hoy lo que estamos haciendo es transformar Bolivia. Estamos pasando ya no a una autonomía de papel, sino a una autonomía de verdad, una autonomía que pueda plasmarse en proyectos de desarrollo para las diferentes regiones”.

Puntos acordados para la descentralización

• Alcance de las autonomías: Profundizar la descentralización para dar inicio al fin del modelo centralista en el país.
• Condicionalidad del gasto: Revisar y eliminar las imposiciones rígidas del nivel central sobre cómo deben gastar sus recursos las regiones.
• Autonomía de la gestión tributaria: Facilitar que los gobiernos departamentales cobren y administren impuestos propios de manera autónoma.
• Ampliación del dominio tributario: Modificar la Ley 154 en un plazo máximo de 90 días para dotar de mayores facultades a las gobernaciones.
• Competencias y gastos delegados: Retrotraer la transferencia obligatoria de gastos sin asignarles presupuesto.
• Financiamiento intergubernamental: Crear mecanismos ágiles para proyectos concurrentes en carreteras, salud y educación.
• Distribución de ingresos fiscales: Conformar una mesa técnica para redactar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación Tributaria.
• Coparticipación gradual: Garantizar el ingreso formal a partir del PGE 2027.
• Protección del régimen autonómico: Blindar legalmente los recursos e institucionalidad regionales.
• Alianzas Público-Privadas (APP): Habilitar un marco normativo para captar inversiones conjuntas.
• Financiamiento externo: Agilizar créditos y donaciones internacionales directas.
• Fondos de compensación: Diseñar mecanismos solidarios para regiones con menores capacidades fiscales.
• Alivio fiscal y deudas: Reestructurar las deudas financieras que arrastran las gobernaciones.

Llamado a la unidad nacional

Aprovechando el aniversario patrio, el gobernador orureño envió un mensaje centrado en la cohesión social y el cese de disputas políticas o territoriales que han condicionado el desarrollo del país. “En este 6 de agosto, un mensaje de unidad, un mensaje de reconciliación. Debemos dejar de lado nuestras diferencias regionales, nuestras diferencias culturales. Bolivia es una sola, la patria es nuestra madre y debemos cuidarla como se merece”, concluyó Sánchez.

Apertura hacia una nueva etapa

Con este histórico preacuerdo firmado en la capital del Estado, se abre una etapa de trabajo en mesas técnicas que definirán el modelo operativo para concretar la transición hacia la autonomía financiera del país.