Ficha informativa
Legisladores orureños impulsan un pronunciamiento institucional para acelerar la aprobación del Proyecto de Ley N.º 081/2025-2026, clave para el Proyecto Minero Carangas, que busca proteger una inversión de 324 millones de dólares y generar empleo en Oruro.
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Contexto:
La Cámara de Diputados postergó el tratamiento del proyecto debido a observaciones sobre estudios de impacto ambiental. El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria, diputado Daniel Alcalá, mencionó que el pronunciamiento busca evaluar el compromiso de los representantes con las necesidades económicas de Oruro.
El pronunciamiento aún no tiene carácter oficial y busca unificar el respaldo de los legisladores orureños. Se argumenta que los requisitos técnicos deben ser considerados después de la aprobación de la norma.
Por qué importa:
La postergación del proyecto generó descontento en sectores productivos y sociales, quienes consideran la iniciativa prioritaria para dinamizar el comercio, transporte y generación de mano de obra en Oruro.
Datos clave:
- Proyecto de Ley N.º 081/2025-2026
- Inversión privada estimada 324 millones de dólares
- Ubicación del Proyecto Minero municipio Carangas, Oruro
Legisladores orureños buscan unidad en torno al proyecto minero
Tras la decisión de la Cámara de Diputados de postergar el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 081/2025-2026, la directiva de la Brigada Parlamentaria de Oruro impulsó un pronunciamiento institucional. Este documento exige celeridad en la aprobación de esta norma, clave para la ejecución del Proyecto Minero Carangas. Así, se busca unificar el respaldo de la representación orureña en la sede de gobierno y evidenciar la postura de cada diputado y senador del departamento.
Pronunciamiento institucional y su importancia
El pronunciamiento, que aún no tiene carácter oficial a la espera de recabar todas las rúbricas, manifiesta un respaldo institucional inquebrantable hacia las gestiones técnicas y administrativas que viabilicen la iniciativa. Entre los puntos centrales expuestos en el texto destacan:
- La importancia de proteger la inversión privada estimada en 324 millones de dólares.
- La urgente necesidad de brindar seguridad jurídica para atraer capitales responsables.
- La consolidación de un modelo de minería moderna que garantice empleo digno, con apego a la normativa ambiental y al bienestar de las comunidades locales.
Controversias y requisitos legales
Uno de los aspectos centrales del documento responde al motivo por el cual se frenó el debate en la Cámara Baja. Algunos legisladores observaron la falta de estudios de impacto ambiental y la realización de procesos de consulta previa. Sin embargo, el pronunciamiento aclara que, conforme al marco legal vigente, dichos requerimientos corresponden a fases técnicas posteriores a la aprobación de la norma y a la ejecución del proyecto. Por tanto, desde la Brigada se argumenta que estos requisitos no deben constituirse en un impedimento para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la declaratoria de necesidad estatal, figura regulada por la Constitución Política del Estado.

Compromiso con Oruro
El vicepresidente de la Brigada Parlamentaria, diputado Daniel Alcalá, explicó que el documento funcionará como un mecanismo para evaluar el compromiso real que tienen los representantes del departamento con sus regiones. Alcalá afirmó: “Ese es el pronunciamiento que nosotros vamos a firmar en este momento y pido por favor a la prensa que nos ayude posteriormente a visibilizar este pronunciamiento”. Además, agregó que el proceso de recolección de firmas permitirá cuantificar directamente la posición de cada parlamentario respecto a las necesidades económicas de Oruro.
Impacto del Proyecto Minero Carangas
El Proyecto Minero Carangas, ubicado en el municipio orureño del mismo nombre, proyecta convertirse en uno de los emprendimientos más significativos del país. Se estima que generará importantes recursos por concepto de regalías mineras para el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro y el municipio cobijador a partir de su fase de producción. Además, se prevé una inyección de capital privado superior a los 300 millones de dólares.
Descontento social ante postergación
La controversia actual surge tras la paralización del Proyecto de Ley 081 en la Cámara de Diputados. No se logró viabilizar su tratamiento inmediato debido a presuntas discrepancias internas y observaciones ajenas a la norma. Esta postergación generó descontento en diversos sectores productivos y sociales de Oruro, quienes consideran esta iniciativa prioritaria para dinamizar el comercio, el transporte y generar mano de obra en el departamento.
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