Jaime Dunn evalúa el primer año del Gobierno de Paz

Evaluación del primer año del Gobierno de Rodrigo Paz

El primer año de gestión del Presidente Rodrigo Paz ha dejado un balance mixto, caracterizado por avances iniciales en materia económica. Sin embargo, también se observa una marcada incapacidad para modificar las estructuras de poder que mantienen capturado al Estado boliviano. Esta evaluación proviene del analista financiero y excandidato Jaime Dunn, quien resumió este período con una contundente frase: “Cambió el Gobierno, pero no cambió el sistema”.

Continuidad estructural en la gestión

Durante una entrevista concedida a la red Erbol, Dunn profundizó en las razones detrás de esta continuidad estructural. Según él, el país continúa sometido a un modelo de carácter prebendal y corrupto que limita severamente la capacidad de acción del Órgano Ejecutivo. Dunn consideró que la crisis nacional trasciende el ámbito económico y posee un profundo componente moral, reflejado en los recurrentes casos de narcotráfico, las graves denuncias contra autoridades del sistema judicial y los hechos polémicos relacionados con las maletas y el oro.

Desafíos económicos y sociales

A su juicio, estas debilidades indican que la administración actual llegó al poder sin una estructura política consolidada para impulsar una transformación profunda. “No llegó con vehículo propio, no llegó con gente propia, no llegó con ideología y convicciones”, afirmó. Además, cuestionó que en este primer ciclo no se hayan concretado reformas institucionales de fondo y advirtió que la dilación en la toma de decisiones podría favorecer la supervivencia de los mismos esquemas que se prometió erradicar.

Resultados económicos iniciales

En contraparte, en el plano estrictamente económico, Dunn reconoció ciertos resultados positivos iniciales. Estos incluyen:

• Los primeros pasos orientados a corregir el rumbo del modelo.
• La moderación de la inflación.
• La unificación de los tipos de cambio.
• La recuperación gradual de las reservas internacionales.
• La implementación de medidas preliminares para hacer frente a la subvención de los carburantes.

Como referencia concreta, detalló que la inflación logró descender significativamente desde el 20,4% registrado al cierre de 2025 hasta situarse en aproximadamente un 7% interanual en octubre de 2026. Sin embargo, matizó estos datos al aclarar que tales indicadores corresponden a una etapa de estabilización y no representan aún una senda genuina de recuperación económica para el país. “Estabilizar es dejar de caer. Estamos cayendo todavía. Recuperarse es volver a crecer y Bolivia todavía no está creciendo”, puntualizó.

Carga sobre la ciudadanía y déficit fiscal

Asimismo, el analista advirtió que el costo de este proceso de ajuste económico continúa recayendo desproporcionadamente sobre los hombros de la ciudadanía y del sector privado. En ese sentido, alertó con preocupación que el déficit fiscal proyectado alcanza un preocupante 9,2% y que la deuda pública total podría superar el 100% del producto interno bruto (PIB). “El ciudadano ya pagó parte del ajuste con inflación, devaluación, recesión; ahora le toca ajustarse al Estado”, manifestó.

Crisis en el sistema judicial

Sostuvo que el recorte del gasto público debe empezar por los privilegios de quienes detentan el poder y no puede volver a castigar los ingresos de las familias bolivianas. Otro pilar fundamental de su análisis giró en torno a la profunda crisis de la justicia, a la cual calificó como un obstáculo insalvable para garantizar la seguridad jurídica, atraer la inversión nacional y extranjera, y detonar el crecimiento económico. “La primera medida económica es la justicia. Sin justicia no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión. Sin inversión no hay desarrollo, no hay prosperidad”, aseveró.

Narcotráfico como amenaza institucional

Bajo esa premisa, criticó que el simple relevo de autoridades no garantiza una verdadera transformación institucional y abogó firmemente por la construcción de un sistema judicial independiente de los intereses políticos y económicos. “No necesitamos una justicia que cambie de dueño. Necesitamos una justicia que no tenga dueño”, remarcó.

Infiltración del narcotráfico en instituciones públicas

Finalmente, Dunn emitió una grave alerta respecto al avance y la capacidad operativa del narcotráfico para infiltrarse silenciosamente en las instituciones públicas y ganar cuotas de influencia dentro del aparato del Estado. El analista advirtió que esta problemática adquiere una dimensión alarmante cuando las organizaciones criminales dejan de limitarse a evadir los controles estatales y logran someterlos a sus propios intereses. “El narcotráfico se vuelve verdaderamente poderoso cuando deja de esconderse del Estado y empieza a comprar al Estado”, concluyó.

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