Ficha informativa
El viceministro Walter Landívar anunció la creación de una Dirección de Consultas Previas en el nuevo Código Minero, con el objetivo de erradicar la corrupción en el sector y garantizar un proceso ordenado para los pueblos indígenas.
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Contexto:
Landívar enfatizó la necesidad de institucionalizar la Dirección de Consultas Previas para evitar coimas. La consulta previa es un paso indispensable para otorgar derechos mineros, pero no garantiza autorización automática para iniciar trabajos de explotación.
El nuevo Código Minero mantendrá las restricciones ambientales vigentes y no flexibilizará las disposiciones actuales. El Gobierno también trabaja en fortalecer controles ambientales y reducir el uso de mercurio en la minería.
Por qué importa:
La creación de esta dirección busca erradicar irregularidades administrativas y mejorar la transparencia en el sector minero, impactando positivamente a los pueblos indígenas y al medio ambiente.
Datos clave:
- Viceministro: Walter Landívar
- Código Minero: Nuevo
- Convenio: 169 de la OIT
- Artículo: 220 de la Ley 535
Nuevo Código Minero y la Dirección de Consultas Previas
El viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Walter Landívar, anunció que el proyecto del nuevo Código Minero contempla la creación de una Dirección de Consultas Previas. Este organismo tiene como objetivo estructurar, transparentar y organizar de manera institucional este procedimiento dirigido a los pueblos indígenas dentro de la cadena de actividades mineras. Con esta medida, el Ejecutivo busca erradicar irregularidades administrativas y garantizar un proceso ordenado desde el inicio de los trámites sectoriales.
Objetivos y alcances de la nueva dirección
Durante una entrevista con la red Erbol, Landívar enfatizó la necesidad de institucionalizar esta instancia para evitar hechos de corrupción. “Va a haber una dirección, una Dirección de Consultas Previas. O sea, va a estar organizada. No va a estar sujeta a coimas y demás”, afirmó al detallar los alcances de la reforma normativa que prepara el Gobierno.
Consulta previa como paso indispensable
En relación con el alcance real de este mecanismo, el viceministro explicó que la consulta previa constituye un paso indispensable dentro del procedimiento administrativo para otorgar derechos mineros. Sin embargo, aclaró que su conclusión no representa bajo ninguna circunstancia una autorización automática o directa para iniciar trabajos de explotación en el área solicitada.
Secuencia operativa del nuevo código
Al desglosar la secuencia operativa que exige la normativa, Landívar detalló que, una vez consolidado el derecho minero, el operador está obligado a ejecutar una etapa de exploración para identificar el mineral existente y definir técnicamente la metodología de extracción. Solo después de cumplir con esa fase, el actor productivo debe presentar un plan de explotación formal y gestionar la correspondiente licencia ambiental ante las instancias competentes del Estado.
Concordancia con estándares internacionales
Asimismo, la autoridad precisó que el carácter no vinculante de la consulta previa se mantendrá inalterable en la nueva norma, en estricta concordancia con los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al respecto, puntualizó que la redacción del código recoge fielmente dicho marco jurídico internacional: “Hemos copiado lo que dice al respecto de pueblos indígenas y consulta previa”, sostuvo.
Protección ambiental en el nuevo Código Minero
Consultado sobre la situación de las áreas protegidas y reservas forestales frente a la expansión extractiva, el viceministro aseguró que el nuevo Código Minero no flexibilizará las restricciones ni las disposiciones ambientales vigentes. En ese sentido, indicó que se mantendrán intactas las condiciones establecidas en el artículo 220 de la actual Ley 535, el cual contempla la posibilidad de desarrollar actividad minera únicamente bajo el cumplimiento estricto de determinados requisitos técnicos y legales.
Fortalecimiento del control ambiental
Finalmente, Landívar señaló que, de manera paralela a la actualización normativa, el Gobierno trabaja en el fortalecimiento integral de los controles ambientales y en la implementación de un sistema de trazabilidad para fiscalizar la producción minera. A ello se suma el impulso de políticas destinadas a reducir progresivamente el uso de mercurio mediante la introducción de alternativas químicas sostenibles, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco de la aplicación del Convenio de Minamata.
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