Ficha informativa
La Comisión de Justicia Plural aprobó el Proyecto de Ley N.º 294/2025-2026, que propone transferir la administración del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, buscando modernizar el sistema con herramientas tecnológicas y mejorar la transparencia.
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Contexto:
La iniciativa fue presentada por la diputada Claudia Bilbao. El cambio se basa en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado el Sistema de Derechos Reales.
El proyecto aún debe continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley. La gestión registral estaría sujeta a fiscalización legislativa.
Por qué importa:
La transferencia busca mejorar la eficiencia y seguridad jurídica del registro, así como reforzar la transparencia mediante control social y auditorías. Se prevé que no afecte la sostenibilidad económica del Órgano Judicial.
Datos clave:
- Proyecto de Ley N.º 294/2025-2026
- 50% de los ingresos de tasas registrales al Órgano Judicial
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó en horas recientes el informe de viabilidad y la versión subsanada del Proyecto de Ley N.º 294/2025-2026. Este proyecto plantea transferir la administración del Registro de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo. La iniciativa fue presentada por la diputada Claudia Bilbao y propone modificar el modelo institucional de gestión del registro de propiedad en Bolivia.
Objetivos del proyecto
Según la fundamentación del proyecto, el cambio busca modernizar el sistema registral mediante la incorporación de herramientas tecnológicas y mecanismos de control. Estos cambios permitirán mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica de los registros.
Base constitucional
La propuesta se apoya en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado el Sistema de Derechos Reales, en coordinación obligatoria con el registro técnico municipal. El proyecto sostiene que esta disposición no determina una adscripción orgánica específica al Órgano Judicial y plantea que la administración pase al Ejecutivo.
Mecanismos de control y fiscalización
Entre los argumentos para impulsar la transferencia, el documento señala que la gestión registral estaría sujeta a control social, fiscalización legislativa y auditorías de la Contraloría General del Estado. Según sus impulsores, estos mecanismos permitirían reforzar la transparencia y reducir las prácticas discrecionales.
Aspecto financiero del proyecto
En el aspecto financiero, el proyecto prevé destinar el 50% de los ingresos provenientes de las tasas registrales al Órgano Judicial. La medida busca, según la fundamentación, evitar que el cambio institucional afecte la sostenibilidad económica de esta instancia.
Siguientes pasos en el trámite legislativo
La aprobación en comisión corresponde a una etapa del trámite legislativo; sin embargo, la propuesta aún debe continuar el procedimiento correspondiente antes de convertirse en ley.
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