A 1 año del Saracho Fest: 4 sanciones administrativas y prohibiciones a fiestas escolares

Un año del Saracho Fest y sus consecuencias

A un año de la tragedia registrada en el “Saracho Fest”, la fatídica jornada dejó como saldo educadores procesados y sancionados en la vía administrativa por la Dirección Distrital de Educación. Esta situación sirvió como precedente para endurecer reglamentos y prohibir de forma estricta fiestas masivas ajenas al ámbito pedagógico dentro de las unidades educativas, con el fin de evitar futuras desgracias.

En entrevista con este medio, el director Distrital de Educación de Oruro, Raúl Villca, abordó el alcance de las resoluciones disciplinarias aplicadas y el marco normativo que rige actualmente en los establecimientos escolares.

Antecedentes del hecho

El hecho ocurrió la noche del 21 de septiembre de 2025, durante la celebración del Día del Estudiante en las instalaciones del Colegio Nacional Juan Misael Saracho. La sobreventa de aproximadamente 4.000 entradas para un espacio con capacidad estimada de solo 500 personas provocó el colapso del ingreso y una posterior avalancha humana que aplastó las estructuras de contención. Este tumulto dejó un saldo trágico de dos jóvenes fallecidas: una estudiante universitaria de 18 años y su prima de 16, quienes murieron por severas complicaciones respiratorias y compresión torácica, lo que desencadenó procesos judiciales e investigaciones de aforo a nivel departamental.

Sanciones administrativas ejecutoriadas

Respecto a las acciones tomadas en el ámbito institucional, Raúl Villca señaló que el caso fue procesado dentro de los marcos competenciales del sistema educativo, derivando las actuaciones a las instancias correspondientes. “Se ha actuado en el marco de la competencia administrativa. El caso ha sido derivado al Tribunal Disciplinario de Oruro, el cual ya cuenta con sanciones de carácter ejecutoriado; vale decir, estos actos ya han sido sancionados y ejecutados”, indicó Villca.

La autoridad detalló que la normativa disciplinaria contempla sanciones según la gravedad de la falta, con rangos que van desde suspensiones temporales hasta la separación del magisterio. En este proceso, cuatro personas —entre personal directivo y docente— recibieron sanciones aplicadas bajo un criterio benigno según las disposiciones del tribunal. “Hemos utilizado la norma de manera benigna, sin embargo este tipo de actitudes no han quedado impunes; tienen sanción ejecutoriada los actores, tanto a dirección como a maestros. Han sido cuatro personas las que han sido sancionadas”, explicó.

Alcance de la normativa sobre actores externos

Raúl Villca también señaló las limitaciones normativas que enfrenta la Dirección Distrital para aplicar medidas a personas no dependientes del sistema educativo, como integrantes de juntas escolares de padres de familia o grupos de exalumnos que participan en la organización de este tipo de eventos. “Nos genera una impotencia, una incompetencia incluso de poder sancionar a aquellos que en esencia han gestionado, gestado, ideado y consumado este tipo de actos, que son actores externos a nuestra dependencia. Estamos hablando de padres de familia y, básicamente en un acto de justicia o injusticia, podría decirse que injustamente han sido sancionados quienes no han gestado ello, pero han sido operadores”, manifestó.

El director Distrital indicó que la vía ordinaria solo ha contemplado exhortaciones para estos sectores, lo que dificulta la prevención de conductas de riesgo en las unidades educativas: “Vemos que algunas juntas escolares o exalumnos siguen generando este tipo de riesgos para nuestros estudiantes. Nuestra limitación es exhortarles y recomendarles que cuiden la integridad física y psicológica de los alumnos, pero las costumbres o la euforia persisten y dejan a nuestros directores y profesores sujetos a actos punitivos”.

Restricciones y ajuste de normativas

A raíz de lo sucedido, la Dirección Distrital de Educación y el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro fijaron directrices restrictivas sobre las actividades permitidas en los establecimientos educativos. “Esta ha sido una experiencia que ha servido para que nuestras instituciones consideren un cambio de conducta y la adecuación de su norma”, afirmó Villca.

Las disposiciones actuales prohíben la realización de eventos festivos masivos que incluyan el montaje de tarimas, cobro de entradas o el ingreso de personas ajenas a la institución escolar, por constituir un uso indebido de bienes del Estado. Por el contrario, se mantienen autorizados los actos cívicos internos y las actividades conmemorativas tradicionales organizadas por el personal docente dentro de sus respectivos niveles.

Proceso en la Fiscalía Departamental

Durante más de una semana LA PATRIA buscó una entrevista con representantes de la Fiscalía Departamental de Oruro para conocer el estado actual y los avances del proceso penal por la vía ordinaria. Sin embargo, por razones de agenda y tiempo de las autoridades requeridas, no se pudo concretar el espacio de declaración hasta el cierre de esta publicación, aunque existe el compromiso para brindar esta información.