Legisladores aprueban suspensión de Fiscal General

La Cámara Diputados y la Cámara de Senadores aprobaron este viernes 2 de octubre el proyecto de ley que modifica el artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público, permitiendo la suspensión del Fiscal General del Estado en caso de ser imputado por delitos penales.

La jornada comenzó con una sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde los legisladores enfatizaron en el rol histórico de la Asamblea Legislativa para reencaminar la justicia tras la aprehensión de Roger Mariaca. En ese sentido, se aprobó una resolución camaral con la que se instruyó a ambas cámaras tratar por separado el proyecto de ley para modificar la Ley 260.

La primera instancia en tratarla fue la Cámara de Senadores como cámara de origen, donde los legisladores modificaron la redacción inicial que hacía referencia a “delitos graves” y la reemplazó por “delitos sancionables con privación de libertad”, a propuesta del senador José Manuel Ormachea. La modificación fue aprobada por más de dos tercios.

Postura de los legisladores

Tras ser aprobada en grande y en detalle, la senadora Ana María Crispín quiso hacer constar en actas su postura de que la norma modificatoria era inconstitucional, debido a que iba en contra de la presunción de inocencia. Minutos antes, durante la sesión de Asamblea, esta senadora protagonizó un episodio al asegurar que había gente de Estados Unidos en el hemiciclo repartiendo un QR a los legisladores para, supuestamente, pagar con el fin de influir sobre sus votos.

La sesión en Senadores no se extendió por más de 20 minutos, por lo que rápidamente fue remitida a Diputados para comenzar con su tratamiento. El presidente de esta instancia, Roberto Castro, determinó que solo tres personas por bancada hagan uso de la palabra durante el debate, lo que fue criticado por diputados incluso después de que el proyecto fue aprobado en grande.

Controversias sobre la modificación

Otro aspecto observado, al igual que en el Senado, fue que la modificación a la Ley 260 atenta contra la presunción de inocencia al retirar del cargo a un Fiscal General sin una sentencia que corrobore los delitos de los que se acuse; en respuesta, diputados argumentaron que ese criterio no puede aplicarse en una autoridad que trabaja en el ámbito de la justicia precisamente.

Pese a este percance, el proyecto de ley pasó a votación en su artículo único, donde fue aprobado por más de dos tercios y, como instancia revisora, se remitió la propuesta al Órgano para su promulgación.

Mecanismo para suspensión del Fiscal General

La iniciativa incorpora un nuevo parágrafo al artículo 25 de la Ley 260 del Ministerio Público y establece un mecanismo específico para la suspensión definitiva del Fiscal General del Estado. Según el texto aprobado, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre “imputada formalmente y/o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales”, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva mediante dos tercios de los votos de asambleístas presentes en sesión ordinaria.

Designación del Fiscal General interino

El proyecto establece además que, en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, la ALP podrá designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá el cargo hasta que la Asamblea designe al titular conforme al artículo 227 de la Constitución Política del Estado. La autoridad interina deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y la normativa vigente.

Atribuciones del Fiscal General interino

Entre sus atribuciones, la propuesta señala que el Fiscal General interino tendrá como misión prioritaria “desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva”, con facultades para reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.

El proyecto también establece límites expresos al ejercicio de estas atribuciones: “La facultad del Fiscal General interino se ejercerá con sujeción al principio de legalidad, al respeto del debido proceso y a la separación de funciones”, y toda medida que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá someterse al control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Próximos pasos en el proceso

Tras esta etapa, se espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional se encamine a elegir a Fiscal General del Estado interino y posteriormente a un titular.