Ficha informativa
La promulgación de la Ley de Acceso a la Información está incluida en el acuerdo de 36 meses entre el gobierno boliviano y el FMI, que busca mejorar la gestión de recursos públicos y restablecer la estabilidad macroeconómica.
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Contexto:
Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo ANP-Diarios, impulsan desde hace 15 años la Ley de Acceso a la Información. El proyecto fue aprobado en el Senado y enviado a la Cámara de Diputados para su tramitación.
El acuerdo con el FMI incluye un enfoque multifacético para abordar vulnerabilidades fiscales y externas, así como fomentar un crecimiento sostenible liderado por el sector privado.
Por qué importa:
La implementación de esta ley busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en Bolivia, lo que podría mejorar el entorno empresarial y reducir las vulnerabilidades frente a la corrupción.
Datos clave:
- 4.000 millones de dólares movilizados por el FMI Bolivia
- 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes al 570% de la cuota
- 1.900 millones de dólares movilizarán alrededor de 4.000 millones de dólares en financiamiento adicional
- 27 de agosto de 2026, aprobación del proyecto en el Senado Nacional
- N.º 066/2025-2026 C.S., proyecto presentado por la senadora Soledad Chapetón
- septiembre de 2023, presentación anterior por la entonces senadora Silvia Salame
Acuerdo con el FMI y la Ley de Acceso a la Información
La Paz, 11 de octubre de 2026 (ANP-Diarios) – La promulgación de la Ley de Acceso a la Información está incluida en el Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (FMI), que contempla un capítulo relacionado con la “gestión responsable de los recursos públicos”. Este acuerdo se firmó por un periodo de 36 meses entre el gobierno boliviano y el FMI.
Objetivos del programa del FMI
El programa tiene como objetivo restablecer la estabilidad macroeconómica, proteger a los hogares vulnerables, recomponer las reservas internacionales, abordar las vulnerabilidades fiscales y externas, y fomentar un crecimiento sostenible, inclusivo y liderado por el sector privado. Esta información se encuentra disponible en el sitio web del FMI.
Financiamiento adicional y Derechos Especiales de Giro
El Servicio Ampliado para Bolivia otorga acceso a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes al 570 por ciento de la cuota, lo que representa aproximadamente 1.900 millones de dólares. Este financiamiento movilizará alrededor de 4.000 millones de dólares en recursos adicionales provenientes de otras instituciones financieras.
Marco de gobernanza y transparencia
En la “amplia agenda de reformas estructurales”, el memorándum menciona en el punto 30 que existe un acuerdo para crear un marco de gobernanza más sólido que respalde una gestión responsable de los recursos públicos. Se enfatiza el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, así como una mejora en el entorno empresarial.
“Las autoridades se proponen implementar un enfoque de reforma institucional multifacético para abordar las vulnerabilidades frente a la corrupción y restablecer una buena gobernanza”, señala el texto traducido que originalmente aparece en inglés.
“Esto incluirá la promulgación de una Ley de Acceso a la Información (para garantizar una rendición de cuentas y una supervisión eficaces), el fortalecimiento de los derechos de propiedad y del cumplimiento de los contratos, la mejora de las prácticas de contratación pública y el refuerzo de la independencia judicial”, se lee en el documento.
Impulso ciudadano hacia la Ley
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ANP-Diarios, impulsa desde hace 15 años la aprobación de la Ley de Acceso a la Información. Hasta el momento, lograron que el proyecto fuera aprobado en el Senado Nacional el pasado 27 de agosto de 2026.
El documento fue remitido a la Cámara de Diputados, y los impulsores esperan que el proyecto número 12, en esta prolongada historia de gestiones, siga un trámite ágil en una comisión y luego sea aprobado en el plenario integrado por 130 legisladores.
El proyecto presentado por la senadora Soledad Chapetón (Proyecto de Ley N.º 066/2025-2026 C.S.) recogió propuestas y contenidos elaborados en trabajo coordinado con las organizaciones impulsoras, basándose en otro proyecto presentado en septiembre de 2023 por la entonces senadora Silvia Salame.
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