El Alto: Multa de 200 Bs. a quienes no participan en marchas

Coacción y multas en El Alto, Bolivia

La defensora de derechos humanos Victoria Ugarte reveló que vecinos de El Alto enfrentan coacción para participar en movilizaciones, amenazados con multas económicas. Esta denuncia se suma a un creciente cuestionamiento sobre la naturaleza de las protestas que mantienen paralizada la ciudad alteña.

Detalles de la denuncia

En declaraciones al programa Sin Concesiones de radio Fides, Ugarte informó que su organización recibió testimonios directos de residentes afectados. Las multas impuestas a quienes deciden no participar en las marchas alcanzan los 100 o 200 bolivianos.

Según las denuncias recibidas por la ANF desde las zonas de Senkata y Río Seco, Ugarte expresó su sospecha de que muchas personas que mantienen los puntos de bloqueo no son originarias de El Alto. La dirigente fundamentó su duda en la ausencia de los elementos tradicionales que históricamente han identificado a las movilizaciones sociales en el país.

Comportamiento violento y falta de identificación

Ugarte recordó que antes era posible distinguir la procedencia de los manifestantes mediante banderas o carteles que indicaban su pertenencia a la Central Obrera Regional (COR), a los mineros, a las juntas de vecinos o a las juntas escolares. Además, mostró especial inquietud por el comportamiento violento observado en medio de las protestas.

El Alto cumple un paro indefinido cuya única consigna pública es la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Según explicó Ugarte, esta narrativa fue impulsada por una alianza entre la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos, y desde entonces los sectores movilizados han rechazado cualquier invitación a dialogar.

Amenazas a comerciantes y estigmatización

La situación se agrava con actos de amedrentamiento contra comerciantes que intentan mantener abiertos sus negocios. “En esos lugares donde venden mis compañeras estaban preocupadas porque estaban dando vueltas con palos queriendo saquear, no les dejan vender y eso es más preocupante en la noche”, relató Ugarte, quien hizo un llamado explícito a la Policía para que resguarde a los vendedores.

Ugarte también denunció que se está castigando y estigmatizando a quienes buscan canales de negociación. Mencionó el caso de un dirigente al que vistieron con pollera como acto de humillación, así como el intento de quema de la vivienda de otro líder social.

Impacto económico y social

Finalmente, instó al Gobierno nacional a atender las demandas de las provincias del departamento de La Paz, que tienen una agenda propia de necesidades. El impacto radica en que las multas y amenazas constituyen una “dictadura sindical” y delincuencial que asfixia la economía local.

Los vecinos se ven obligados a sumarse por la fuerza a las protestas nacionales bajo el riesgo de perder el sustento diario o sufrir agresiones físicas.

Coyuntura actual

Los principales eventos previos que originaron esta coyuntura incluyen:

• Eliminación de subsidios y crisis de combustible (Enero 2026).
• Escándalo de la “gasolina chatarra” (Marzo – Abril 2026).
• Ruptura y convocatoria al paro indefinido (1 de Mayo 2026).
• Radicalización y pedido de renuncia (Mediados Mayo 2026).

“Ahora no hay estandartes, no hay pasacalles, no hay qué les identifique en algunos puntos (de bloqueo)”, señaló Ugarte. “En ello hay personas que cometen delitos, arrojan con piedras o están con armas blancas, con palos, flechas. Y eso es preocupante”, advirtió Ugarte.