Sánchez denuncia 40 asentamientos mineros ilegales en La Joya

Contaminación del río Desaguadero por minería ilegal

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, advirtió sobre la operación de aproximadamente 40 asentamientos mineros no autorizados en La Joya. Alertó que la falta de controles ambientales en estos puntos representa un riesgo directo de contaminación para la cuenca del río Desaguadero y el lago Poopó.

Actividades mineras sin licencias

De acuerdo con el ejecutivo departamental, estas actividades al margen de la norma operan sin licencias de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) ni del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Según detalló la autoridad ejecutiva del departamento, la concesión minera del cerro La Joya fue otorgada originalmente a la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (Emcoisa), que está conformada por comunarios del sector y cuenta con las autorizaciones pertinentes.

Desacuerdos internos y asentamientos ilegales

El gobernador explicó que, a raíz de desacuerdos internos entre los concesionarios, un grupo se desvinculó de Emcoisa y estableció alrededor de 40 asentamientos ilegales. Estos puntos de trabajo no poseen licencias ni controles ambientales, lo que representa un riesgo directo para los afluentes que desembocan en el río Desaguadero y el lago Poopó. Esto impacta a regiones ganaderas como Toledo, Saucarí y El Choro.

Implicaciones económicas y legales

En el ámbito económico y legal, el gobernador advirtió que estos asentamientos comerciales operan fuera del marco normativo y tributario. “Les he preguntado, ¿ustedes aportan? No, no aportamos. ¿Cómo venden el oro? Ellos, en las palabras textuales, me han dicho, vendemos a la negra. Entonces yo les he dicho, por favor, es la última reunión, yo no me voy a reunir con ilegales. Tienen todo el derecho de trabajar, pero que se conviertan legales”, enfatizó Sánchez.

Cuestionamiento a la figura de asociación

Sánchez cuestionó la validez de la figura de “asociación de emprendedores” bajo la cual operan. Señaló que la legislación minera boliviana solo reconoce a los actores estatal, privado y cooperativo. Ante esto, la Gobernación anunció la presentación de un recurso de nulidad para revocar la personería jurídica otorgada a la Asociación Aurífera de Emprendedores, afiliada a la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO).

Conflicto social en La Joya

En días precedentes, la FEPO exigió al gobernador rectificar acusaciones de complicidad con la minería ilegal y anunció que se reserva el derecho de iniciar acciones legales. Por otro lado, respecto a las observaciones sobre presuntos malos manejos dentro de Emcoisa, la Gobernación indicó que sus áreas Jurídica, de Minería y Medio Ambiente evalúan realizar una auditoría a la empresa constituida.

Intento de inspección frustrado

El panorama de conflictividad en La Joya se evidenció durante un intento de inspección encabezado por el fiscal de Caracollo, efectivos policiales y personal minero. Esta diligencia no pudo concretarse debido a la oposición de personas identificadas como emprendedores auríferos. Durante el operativo se reportó la presencia de vehículos que obstaculizaron el paso y detonaciones.

Posturas encontradas sobre el conflicto

El presidente de Emcoisa, Cristóbal Huacota, cuestionó la interrupción del trabajo fiscal. Sostuvo que quienes afirmen actuar dentro de la legalidad deberían permitir el trabajo de las autoridades para verificar las denuncias sobre el origen del mineral procesado.

Reacciones del sector cívico

Por su parte, Zaida Alanes, representante del sector y del Comité Cívico, expresó su rechazo a la presencia de trabajadores mineros en la inspección ante el temor de agresiones. También reprobó el uso de explosivos y las actitudes violentas registradas durante el incidente.

El conflicto social en La Joya continúa en desarrollo a la espera de definiciones jurídicas y ambientales por parte de los organismos reguladores y del Ministerio Público.