Ficha informativa
Una comisión interinstitucional impulsará el sellado de bocaminas ilegales en Oruro, con un presupuesto estimado de Bs. 50 mil. Se identificaron alrededor de 15 bocaminas en condiciones ilegales que afectan áreas protegidas y comunarios.
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Contexto:
La reunión se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y contó con la participación de diversas instituciones, incluyendo la Dirección de Salud Ambiental y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). Rosalinda Mamani, presidenta de la Junta Vecinal Socavón I, expresó su desacuerdo con trasladar responsabilidades económicas a los vecinos.
Se planteó la creación de una comisión especial para coordinar acciones entre las instituciones involucradas. Mamani recordó que se había propuesto previamente establecer responsabilidades por daños en el área protegida.
Por qué importa:
La falta de acuerdo sobre quién asumirá los costos del sellado podría llevar a los vecinos a buscar apoyo en instancias departamentales y nacionales para abordar la explotación ilegal y sus efectos en las áreas protegidas.
Datos clave:
- Fecha: 14 de agosto de 2026
- Presupuesto estimado: 50.000 bolivianos
- Número de bocaminas ilegales: aproximadamente 15
- Número total de bocaminas estimadas anteriormente: al menos 30
Sellado de bocaminas ilegales en Oruro
Una comisión interinstitucional realizará el seguimiento e impulso al proceso de sellado de bocaminas identificadas en áreas protegidas en Oruro. Luego de una reunión sostenida este viernes 14 de agosto en la Universidad Técnica de Oruro (UTO), se analiza la división del monto económico para el trabajo.
Situación actual de las bocaminas
El encuentro tuvo como objetivo analizar la situación de las bocaminas ubicadas en las serranías de Santa Bárbara, San Felipe y Pie de Gallo, donde persiste la explotación ilegal de minerales. Esta actividad genera afectaciones a las áreas protegidas y a los pobladores.
En la anterior reunión se había estimado la existencia de al menos 30 bocaminas; sin embargo, durante este nuevo encuentro se informó que serían aproximadamente 15 las que actualmente se encuentran en condición ilegal. Aún debe hacerse un informe completo para el trabajo que requerirían ser selladas. Para esta tarea se estimó un presupuesto de alrededor de 50.000 bolivianos.
Participación institucional y cuestionamientos
De la reunión participaron representantes de la Dirección de Salud Ambiental, la Dirección de Culturas del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (GADOR), la Secretaría General del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), además de la UTO y otras organizaciones.
Durante el encuentro también se generaron cuestionamientos respecto a las competencias y responsabilidades para asumir el costo del sellado. Se planteó que las instituciones involucradas puedan aportar una contraparte económica, mientras que incluso se mencionó la posibilidad de solicitar participación económica de los vecinos.
Rechazo vecinal ante responsabilidades económicas
La propuesta generó el rechazo de representantes vecinales. Rosalinda Mamani, presidenta de la Junta Vecinal Socavón I, cuestionó que se pretenda trasladar parte de la responsabilidad económica a los vecinos, considerando que la problemática está relacionada con la explotación ilegal de minerales.
“Nosotros no estamos de acuerdo en responsabilidad de la junta. Al contrario, nos tienen que pagar a nosotros”, manifestó Mamani, quien además pidió que se considere el daño ocasionado a las áreas protegidas.
Comisión especial para coordinar acciones
Ante la falta de una definición concreta, se planteó la conformación de una comisión especial, integrada por representantes de las instituciones involucradas. Cada instancia deberá designar a dos representantes, quienes se reunirán el próximo lunes para coordinar las acciones y establecer cómo se avanzará en el sellado.
Mamani recordó además que anteriormente se había planteado iniciar un proceso para establecer responsabilidades por los daños ocasionados en el área protegida y sostuvo que las autoridades competentes deben considerar mecanismos para el resarcimiento.
Afirmaciones sobre acciones futuras
La dirigente advirtió que, si no se encuentra una solución mediante las instancias locales, los vecinos acudirán a instituciones departamentales y nacionales para exigir acciones frente a la explotación ilegal y la afectación de las áreas protegidas.
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