Ficha informativa
El Viceministerio de Transparencia reporta 195 denuncias por minería ilegal en los últimos tres años, afectando a la AJAM y Senarecom. Se destaca la necesidad de modernizar controles para combatir irregularidades.
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Contexto:
El viceministro Yamil García mencionó que las denuncias comprometen la integridad de la AJAM y Senarecom, entidades clave en el control del sector. La minería ilegal es un problema histórico para el Estado boliviano, sustentado en mecanismos de control vulnerables.
García destacó el uso de mecanismos electrónicos como el código QR para frenar la salida irregular de mercancías. El Estado participa en investigaciones relacionadas con la exportación ilegal de oro.
Por qué importa:
La falta de controles adecuados ha permitido la minería ilegal, lo que afecta la fiscalización y regulación del sector. Se busca modernizar los procesos para evitar discrecionalidad y mejorar la transparencia.
Datos clave:
- 195 denuncias vinculadas a minería ilegal
- 3 gestiones reportadas
- Exportación irregular de oro con destino a Dubái
Minería ilegal en Bolivia: 195 denuncias reportadas
El Viceministerio de Transparencia e Institucionalidad informó que, en el transcurso de las últimas tres gestiones, se registraron un total de 195 denuncias vinculadas a actividades de minería ilegal e irregularidades en los organismos estatales encargados del control y regulación del sector.
Compromiso de las entidades estatales
El viceministro Yamil García precisó ante los medios que los reportes institucionales comprometen directamente la integridad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metalurgia (Senarecom), entidades clave en la fiscalización de la explotación y venta de recursos minerales en el país.
Un problema histórico
Frente a esta cifra, las autoridades explicaron que la minería ilegal constituye un problema histórico para el Estado boliviano, sustentado en años anteriores por mecanismos de control vulnerables basados en documentación física y procesos manuales. “La minería ilegal es un problema histórico del Estado que anteriormente había sido tolerado a través de sistemas artesanales y uso de papel físico. La política de Estado es digitalizar estos servicios”, explicó García.
Mecanismos modernos para el control
El viceministro destacó que, en el caso reciente de Viru Viru, los mecanismos de alerta estatal y la verificación por código QR permitieron frenar la salida irregular de la mercancía con destino a Dubái. Esto demostró la efectividad de las alertas electrónicas frente a la falsificación de documentación en papel. Sobre este caso, García indicó que el Estado forma parte de la querella y que piden investigar no solo al portador, sino también a otras personas implicadas. Según García, “el Estado a través de sus diferentes instancias ha impedido que este hecho, de exportar ilegalmente el oro, se haya consumado”.
Necesidad de modernización
De la misma manera, García subrayó la necesidad de modernizar los controles para evitar la discrecionalidad funcionaria y lograr un monitoreo transparente mediante la interoperabilidad entre el Senarecom, la AJAM y la Aduana Nacional.
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