Ficha informativa
La minería ilegal en Aiquile, Bolivia, pone en riesgo el agua y los cultivos de más de 5.000 habitantes. Comunarios denuncian inacción estatal y exigen intervención ante la amenaza de contaminación por plomo y plata.
Toca para ver el contexto completo
Contexto:
Roberto Sánchez, comunario y exdirigente local, afirmó que la actividad minera comenzó entre enero y febrero de 2025. Los involucrados son comunarios con capitales locales y de municipios vecinos. Las comunidades han presentado denuncias ante la AJAM, la Fiscalía de Aiquile y diputados.
Las denuncias en Aiquile se suman a reclamos en los Yungas y el norte de La Paz sobre los efectos de la minería aurífera en fuentes de agua, cultivos y territorios. En otros municipios se reportan daños a vertientes y parcelas agrícolas debido a actividades mineras.
Por qué importa:
La eventual contaminación podría afectar a la población desde Aiquile hasta Mizque. La demora institucional ha generado indignación entre las comunidades, quienes temen enfrentamientos y han planteado retener o quemar volquetas utilizadas para transportar mineral.
Datos clave:
- 5.000 habitantes afectados.
- 1 de julio: fecha de inspección realizada por la AJAM.
- 14 de octubre: fecha de notificación de paralización de explotación minera ilegal.
Minería ilegal en Aiquile
La minería ilegal en la comunidad Norma del municipio de Aiquile, en el departamento de Cochabamba, amenaza una zona productora de cebolla y una fuente de agua vital para más de 5.000 habitantes. Roberto Sánchez, comunario y exdirigente local, afirmó que “la actividad minera comenzó aproximadamente entre enero y febrero del año pasado en un área agrícola que cuenta con una galería filtrante para el abastecimiento de agua”.
Contaminación y sus consecuencias
Sánchez advirtió que la eventual contaminación podría afectar a la población desde Aiquile hasta el municipio de Mizque. Además, mencionó que, aunque no tiene certeza sobre la composición exacta del material extraído, se trataría principalmente de plomo y plata. Según su conocimiento, los involucrados no son inversionistas extranjeros, sino comunarios vinculados con capitales locales y de municipios vecinos como Mizque, informó ANF.
Capacidad económica de los operadores locales
Los operadores locales poseen la capacidad económica para movilizar volquetas y maquinaria pesada, lo que les permite llevar a cabo las labores extractivas. En respuesta a la situación, los comunarios presentaron denuncias ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), la Fiscalía de Aiquile y diputados. También realizaron conferencias de prensa para exigir la intervención de las autoridades.
Inspección y acciones tardías
De acuerdo con el testimonio de Sánchez, la AJAM realizó una inspección el 1 de julio. Sin embargo, cuestionó el tiempo transcurrido hasta que la institución remitió los antecedentes a la Fiscalía para iniciar las actuaciones correspondientes. Durante ese periodo, las volquetas continuaron transportando cargamentos de mineral sin que los pobladores observaran una paralización preventiva de las actividades.
Indignación comunitaria
La demora institucional alimentó la indignación entre las comunidades afectadas, quienes ven pasar los cargamentos mientras consideran que sus fuentes de agua y medios de subsistencia están amenazados. Sánchez advirtió que la tensión podría derivar en enfrentamientos, y algunos pobladores han planteado retener e incluso quemar las volquetas utilizadas para transportar el mineral.
Intervención reciente de autoridades
El 14 de octubre, la Fiscalía, la Policía y funcionarios de la AJAM ingresaron nuevamente al lugar para notificar la paralización de la explotación minera ilegal. Sin embargo, Sánchez señaló que las autoridades no incautaron la maquinaria ni los equipos, a pesar de que los responsables carecen de derechos mineros y licencia ambiental.
Reclamos en otras regiones
La denuncia de Aiquile se suma a reclamos en los Yungas, Huaycuni, Charoplaya, Chushuara y el norte de La Paz, donde comunidades rurales han advertido sobre los efectos de la minería aurífera en sus fuentes de agua potable, cultivos de cacao y plátano, así como daños a parcelas agrícolas vinculados a excavaciones y territorios.
Preocupaciones comunes
Aunque las características de estas actividades y sus operadores difieren de las denunciadas en Aiquile, los casos comparten la misma preocupación: la posible afectación de recursos naturales esenciales para las comunidades y las dificultades para obtener respuestas oportunas de las instituciones.
Después de leer
Esta sección propone una forma distinta de interactuar con la información y comprobar qué tan clara quedó la nota.
