Ficha informativa
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) exigió respeto al debido proceso y a la independencia judicial tras la aprehensión de Roger Mariaca, exfiscal General del Estado, advirtiendo sobre presiones a jueces y magistrados.
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Contexto:
Amabol emitió un pronunciamiento en horas recientes, rechazando cualquier forma de presión sobre el ejercicio jurisdiccional. La organización enfatizó que las investigaciones deben ser firmes pero respetar las garantías constitucionales. Además, se aclaró que la defensa de la independencia judicial no implica impunidad.
Mariaca enfrenta una investigación por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. La Asamblea Legislativa aprobó una ley para suspenderlo definitivamente del cargo, aplicando rápidamente la nueva norma.
Por qué importa:
Amabol permanecerá vigilante ante actos que comprometan la independencia judicial y recurrirá a mecanismos nacionales e internacionales si se presentan vulneraciones a derechos y garantías constitucionales. La crisis en el Ministerio Público podría afectar la confianza en el sistema judicial.
Datos clave:
- Fecha de aprehensión: 30 de septiembre de 2026
- Número de Ley: Ley 1773
- Modificación: Artículo 25 de la Ley 260
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) exigió respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial frente a los recientes acontecimientos que involucran a autoridades y exautoridades del Estado con Roger Mariaca, ahora exfiscal General del Estado. Además, advirtió contra cualquier forma de presión o interferencia sobre jueces, vocales y magistrados.
Pronunciamiento sobre el debido proceso
En un pronunciamiento emitido en horas recientes, Amabol sostuvo que las investigaciones y sanciones por hechos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado u otros ilícitos deben desarrollarse con firmeza. Sin embargo, enfatizó que estas acciones no deben desconocer las garantías establecidas por la Constitución Política del Estado (CPE), el debido proceso y el derecho a la defensa.
Rechazo a la injerencia estatal
Amabol rechazó “categóricamente toda forma de presión, injerencia, intimidación o interferencia” proveniente de cualquier órgano o institución estatal que pretenda condicionar, directa o indirectamente, el ejercicio de la función jurisdiccional. La asociación exhortó a las autoridades nacionales y a los órganos del Estado a respetar la independencia y separación de poderes.
Garantías para jueces y magistrados
La asociación exigió que jueces, vocales y magistrados que conozcan acciones constitucionales, medidas cautelares, excepciones, incidentes o procesos penales relacionados con los recientes acontecimientos cuenten con garantías para resolver con libertad e independencia. Esto debe hacerse únicamente con base en la Constitución y las leyes.
Impunidad y defensa de la independencia judicial
Asimismo, Amabol señaló que una resolución judicial considerada incorrecta debe ser impugnada mediante los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Esta impugnación no debe realizarse mediante amenazas, hostigamiento, presión policial, campañas de desprestigio, persecución o represalias contra la autoridad que emita dicha resolución.
Vigilancia ante vulneraciones
La organización aclaró que la defensa de la independencia judicial en Bolivia no implica impunidad. En ese sentido, afirmó que respalda toda investigación “seria, objetiva y transparente”. Sin embargo, rechazó la utilización del poder estatal, penal o disciplinario como mecanismo de presión o amedrentamiento.
Crisis en el Ministerio Público
Amabol también advirtió que permanecerá vigilante ante cualquier acto que comprometa la independencia de jueces, vocales y magistrados. En caso de amenazas, hostigamiento o vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, anunció que recurrirá a mecanismos nacionales e internacionales de protección. Esto incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pronunciamiento se conoce después de la crisis generada en el Ministerio Público por la aprehensión de Roger Mariaca. El entonces Fiscal General fue detenido el 30 de septiembre junto a otras autoridades y funcionarios en una investigación donde el Gobierno sostiene que existía una estructura vinculada con corrupción y protección al narcotráfico. Mariaca enfrenta una investigación por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Nueva ley sobre el Ministerio Público
En ese contexto, la Asamblea Legislativa aprobó y el Presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1773. Esta ley modificó el artículo 25 de la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, estableciendo un mecanismo para la suspensión definitiva del Fiscal General. Horas después, la Asamblea aplicó esta nueva norma y dispuso la suspensión definitiva de Mariaca del cargo.
Importancia de preservar la autonomía judicial
Amabol cerró su pronunciamiento con una advertencia sobre la importancia de preservar la autonomía de la justicia: “Sin jueces independientes no existe justicia, y sin independencia judicial no existe Estado de derecho”.
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