Ficha informativa
El Gobierno de Bolivia confirmó la operación de mafias dedicadas al desvío de combustibles y GLP, con complicidad de funcionarios públicos. Se intensifican los decomisos y se implementan medidas para frenar estas irregularidades.
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Contexto:
El ministro Óscar Mario Justiniano expuso el modus operandi de las mafias, que han cambiado su enfoque desde el diésel a la gasolina y ahora al gas. Marcelo Blanco reveló complicidad interna en YPFB y la ANH, evidenciada en Sucre.
Las autoridades enfatizaron su compromiso con acciones firmes contra las mafias, afirmando que continuarán actuando sin importar quiénes sean los involucrados.
Por qué importa:
La intervención del Gobierno busca frenar el desvío de combustibles, optimizar trámites administrativos y reducir la corrupción en entidades clave del sector energético. Se espera un impacto positivo en la regulación del mercado.
Datos clave:
- Decomiso de gasolina: 14.097 litros
- Decomiso de diésel: 651 litros
- Decomiso de garrafas de GLP: 659
- Bloqueo preventivo de placas de vehículos: 10.781
- Aumento en autorizaciones de importación: 128%
- Días promedio antes de intervención: 74 días
- Días promedio después de intervención: 46 días
- Número de autorizaciones emitidas antes: 25
- Número de autorizaciones emitidas después: 57
Gobierno advierte sobre mafias de GLP en Bolivia
El Gobierno confirmó que diversas organizaciones delictivas dedicadas al desvío de combustibles y Gas Licuado de Petróleo (GLP) continúan operando en el país. Estas organizaciones cuentan incluso con la complicidad de funcionarios públicos dentro del aparato estatal. Esta situación fue expuesta de manera detallada durante un informe oficial brindado por el ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Óscar Mario Justiniano, junto al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco.
Modus operandi de las mafias
Ante el cuestionamiento sobre la evolución de estas irregularidades, el ministro Justiniano explicó el modus operandi de estas redes ilícitas. “La mafia va cambiando de producto, comenzó por diésel años, pasó a la gasolina, donde acogotó a la población, se hicieron las acciones correspondientes y ahora pasó al gas”, afirmó la autoridad. Además, remarcó la postura firme de la actual gestión: “Las mafias siguen presentes y vamos a seguir actuando con la mano dura que se dijo desde el principio, caiga quien caiga”, sentenció.
Complicidad en instituciones públicas
Respecto a los participantes en este esquema ilícito y su grado de penetración en las instituciones públicas, el ministro Blanco reveló el nivel de colusión interna existente. “Hay complicidad de la gente que está llevando las garrafas con la gente de Yacimientos y todo eso se tiene que resolver”, puntualizó la autoridad energética. Para respaldar esta afirmación y precisar en qué lugares se han detectado irregularidades, Blanco complementó que “en Sucre se ha evidenciado que había gente de YPFB y de la ANH que estaba participando en esto, por eso se ha retirado a la gente de la ANH”, dejando en evidencia el alcance del problema en entidades clave del sector, indicó Unitel.
Medidas del Ejecutivo contra el desvío
Frente a la interrogante sobre las medidas inmediatas tomadas por el Ejecutivo para frenar estos ilícitos, las autoridades informaron que se dispuso la intervención directa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En relación a los resultados concretos que ha dejado esta acción gubernamental, durante el mes de octubre se logró:
- Decomiso de 14.097 litros de gasolina.
- Decomiso de 651 litros de diésel.
- Decomiso de 659 garrafas de GLP.
- Bloqueo preventivo de 10.781 placas de vehículos identificados con cargas irregulares y sospechosas.
Impacto en trámites del sector
Finalmente, sobre el impacto que ha tenido la intervención de la ANH en la agilización de trámites para el sector, el ministro Justiniano destacó una transformación sustancial en el proceso de permisos de importación. “Antes de la intervención, se emitían apenas 25 autorizaciones y los trámites demoraban en promedio 74 días. Con el nuevo sistema las autorizaciones aumentaron a 57 en tan solo 46 días, un incremento del 128% y hoy ningún trámite sobrepasa las 48 horas”, afirmó, ponderando la optimización administrativa lograda para combatir la burocracia que antes facilitaba estas irregularidades.
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