Gobernación atribuye al nivel central el pago del bono de riesgo

La Gobernación de Oruro y el bono de riesgo

La Gobernación de Oruro sostiene que el pago del bono de riesgo, correspondiente a la gestión 2026, debe ser asumido por el Gobierno central. Esta afirmación se basa en la aplicación de la Ley Nº 1771, promulgada el 30 de septiembre. Mientras tanto, los trabajadores en salud pública reclaman el cumplimiento de este beneficio.

Las autoridades departamentales aseguran que tenían 7,4 millones de bolivianos presupuestados para cubrir esta obligación. Sin embargo, la nueva normativa modificó la responsabilidad de financiamiento, y ahora corresponde al Ministerio de Salud y Deportes gestionar el desembolso.

Acuerdo previo y cambios normativos

El secretario departamental de Asuntos Jurídicos, Omar Calizaya Choque, explicó que el 1 de septiembre se acordó con los representantes del sector salud que la Gobernación pagaría el bono si hasta el 15 de octubre no se promulgaba una ley que definiera su financiamiento. Sin embargo, indicó que la Ley 1771 fue promulgada antes de ese plazo.

El artículo segundo de esta ley establece que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, asumirá el costo del beneficio. Calizaya añadió que la disposición transitoria diferencia las obligaciones generadas antes de la gestión 2026, las cuales corresponden a los gobiernos autónomos departamentales. En ese sentido, sostuvo que la Gobernación no está obligada a ejecutar el pago de esta gestión.

Recursos y expectativas

Hacerlo sin respaldo legal podría generar responsabilidades. Por su parte, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Marcelo Quilo Dorado, señaló que inicialmente se contaba con 6,5 millones de bolivianos. Se realizaron los traspasos presupuestarios necesarios para completar los 7,4 millones requeridos.

Aseguró que el gobernador había expresado su predisposición para cancelar el beneficio y que la institución cumplió con el acuerdo establecido con los trabajadores. Sin embargo, afirmó que tras la promulgación de la ley, la responsabilidad pasó al nivel central.

Demandas y movilizaciones del sector salud

Tanto el Sedes como la Gobernación enviaron notas al Ministerio de Salud para solicitar el cumplimiento de esa obligación y aguardan una respuesta. Quilo también indicó que los recursos previstos no se destinarían a otro sector; podrían financiar proyectos de inversión en salud si finalmente no se ejecuta el pago departamental.

En contraparte, Rodolfo Pita Romero, secretario general del Sindicato Urbano de Trabajadores en Salud, afirmó que el sector continúa movilizado porque no recibió una respuesta efectiva ni de la Gobernación ni del Gobierno nacional. Cuestionó que, mientras las autoridades departamentales atribuyen la responsabilidad al nivel central, desde el Ministerio de Salud se les habría indicado que el pago se efectuaría a partir de la gestión 2027.

Historia del bono y situación actual

Los trabajadores sostienen que el bono de riesgo es una conquista laboral de más de 30 años. El pago correspondiente a la gestión 2026 ya estaba programado para el 6 de julio, con recursos contemplados en el presupuesto departamental. Ante la falta de una solución, la Gobernación pidió a los trabajadores acudir al Ministerio de Salud para gestionar el desembolso.

Ofreció acompañar las reuniones y gestiones necesarias, incluso en La Paz. Calizaya aseguró que la posición jurídica departamental no desconoce el derecho de los trabajadores a recibir el bono; cuestiona qué instancia debe financiarlo.

Conflicto prolongado y atención en salud

Entretanto, el sector salud mantiene su demanda de pago y reclama una definición entre ambos niveles de gobierno. La falta de acuerdo prolonga el conflicto y puede afectar la atención en los establecimientos de salud.