Exministra Roxana Lizárraga denuncia campaña de desprestigio

Roxana Lizárraga dispuesta a responder ante la justicia

La exministra de Comunicación de Bolivia, Roxana Lizárraga, afirmó que se encuentra plenamente dispuesta a responder por sus actos ante las autoridades en el marco de los procesos judiciales iniciados en su contra durante la administración del expresidente Luis Arce. Mediante estas declaraciones, Lizárraga buscó desmarcarse categóricamente del caso que involucra al investigado Fernando Cerimedo, luego de que en redes sociales circularan diversas publicaciones orientadas a vincularla con él debido a que su exesposo, el abogado Ramiro Vega, asumió temporalmente la defensa legal de dicho implicado.

Relación con Fernando Cerimedo y Nadia Beller

Lizárraga enfatizó de manera tajante que no mantiene ni ha tenido ningún tipo de relación profesional, económica o política con Cerimedo ni con Nadia Beller. La exautoridad explicó que, tras conversar con una persona con conocimiento directo de los hechos y comprender que la causa revestía un carácter “mucho más complejo y potencialmente peligroso” de lo que aparentaba en un inicio, fue ella misma quien le solicitó a Vega apartarse de la representación legal del procesado. “Estoy dispuesta a responder por cada uno de mis actos. Lo hice como periodista. Lo hice como ministra. Y lo haré hoy como ciudadana”, aseveró al fijar su postura personal e institucional, indicó a Erbol.

Denuncia de campaña de desprestigio

En ese mismo escenario, Roxana Lizárraga denunció la existencia de una campaña de desprestigio dirigida en su contra, señalando que en plataformas digitales se están difundiendo de manera sesgada diversos procesos judiciales promovidos durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Para hacer frente a esta situación, Lizárraga advirtió que se encuentra recolectando y preservando publicaciones, mensajes y otros elementos digitales con el objetivo central de identificar a los responsables de estos ataques.

Antecedentes judiciales y persecución política

Esta controversia se suma al antecedente de 2024, año en el que fue sentenciada por la justicia boliviana dentro de un proceso ordinario vinculado a movimientos bancarios registrados entre 2019 y 2020. En aquel momento, la exministra cuestionó severamente el fallo dictado, aseguró contar con la documentación idónea para sustentar sus recursos legales de apelación y sostuvo que era víctima de una constante persecución política.

Intención de regresar a Bolivia

Finalmente, Roxana Lizárraga manifestó su intención de retornar al país una vez que existan garantías institucionales. “Yo también quiero regresar a Bolivia. Y quiero regresar con mi nombre limpio”, sostuvo, al tiempo que solicitó formalmente al Gobierno y a los organismos correspondientes que todas las causas abiertas durante los años de lo que calificó como una “instrumentalización política de la justicia” sean revisadas bajo criterios de absoluta independencia, garantías constitucionales y respeto irrestricto al debido proceso.

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